viernes, 24 de abril de 2009

El affaire del 65 Batallón de Guamuchil.

Publicado el 21 NOV 2008.

Ascensos especiales y responsabilidades archivadas...El fracaso de los Operativos Conjuntos.

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

La mañana del 20 de noviembre sobre la grama del Campo Militar Marte fue en principio fría, nublada.
Muy pocos podrían hablar de ella como una mañana al final esplendorosa, única.
Entre esos afortunados estuvo
NORBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ, perteneciente al arma de Infantería, y quien durante unos minutos conservó el grado de Coronel para luego ser ascendido a General Brigadier.
Única su historia, único e insospechado su destino porque hace exactamente seis años, en octubre de 2002, fue concentrado y detenido con su
Batallón en Guamúchil, Sinaloa, por los nexos de 60 elementos con operadores de cárteles de la droga en la entidad.
Fueron días de guardar, días difíciles. De señalamientos, detenciones, acusaciones, interrogatorios y de miles de dólares y pesos de dudoso e inexplicado origen.
El escándalo que envolvió al affaire del 65 Batallón de Infantería arrojó polvo y piedras a varias hojas de servicio en la Defensa Nacional.
Los nombres un general, de capitanes, tenientes y suboficiales fueron la punta de una madeja que nunca fue desenredada, que más bien se fue al archivo de las cosas que nunca existieron.


Sin embargo, entre los trapos sucios que la Sedena decidió -como muchas otras cosas- lavar en casa, quedaron circunstancias y sobre todo lugares y nombres que el tiempo desenterró y que en su momento figuraron como parte del asunto del 65 Batallón.

Uno de esos nombres fue el de ALFREDO BELTRÁN LEYVA, "EL MOCHOMO", ligado, según declaraciones ministeriales, al torcido episodio en Guamúchil hace seis años.
El "MOCHOMO"
apareció en averiguaciones previas castrenses como amigo e instructor de aviación de un general al que enseñaba a pilotear avionetas en Guamúchil.
Esta y otras líneas de investigación surgidas de confesiones de elementos de tropa, suboficiales y oficiales detenidos se volvieron polvo, incómoda historia destinada al archivo.
El 65 Batallón de Infantería fue disuelto. Lo que quedó de sus integrantes fue reasigando a otras unidades. Sólo se emprendieron acciones penales en contra de ocho elementos.
La otra historia, la que se contó en locutorios, barandillas, bancas de jardines y bufetes civiles, dice que los militares fueron enjuiciados por haber hallado mucho dinero abandonado y por haber dado positivo a exámenes antidoping y de detección de drogas...tras haber permanecido cuarenta días en la sierra sinaloense erradicando mariguana y amapola.

LA PARÁBOLA DE LOS CIEN DÍAS
La estrategia del gobierno de Felipe Calderón para responder a la violencia del narco en el norte del país, se desploma a pasos acelerados.
La cacería de militares involucrados con fuertes golpes al narcotráfico forma parte del paquete de la contraofensiva patrocinada por sicarios, operadores y capos en un escenario en el que, una vez más, la federación y gobiernos estatales se ven obligados a rediseñar el frente de resistencia a la actividad de cárteles y bandas.
Nadie escapa a esta dinámica operativa del terror, que emplea por igual y con bastante éxito la amenaza, la extorsión, la ejecución, al ataque armado a gran escala eje de la lucha por conservar las plazas que el gobierno federal busca recuperar.
En la teoría y en los hechos, el esfuerzo federal y estatal se quedó a la mitad del camino, mientras que el crimen organizado -golpeado en puntos vitales pero no defintivos- recrudece la ofensiva con más asesinatos, con ataques a plena luz del día, sembrando el terror entre civiles, policías y militares, y exponiendo cada vez más las serias limitaciones del esquema antidelincuencial del Estado.
No es gratuito en este contexto presenciar el violento aumento de la actvidad de sicarios en el norte del país a tan solo unos días de que se cumpla el plazo fijado el 21 de agosto para medir la eficacia y eficiencia para tratar de abatir la delincuencia.
Y esto ocurre en la medida en que nos acercamos
al plazo de los 100 días de seguimiento para verificar los avances o retrocesos en la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.
Muy pocas serán las cuentas felices que los asesores civiles y militares de Calderón puedan entregar.
El plazo se acerca y con el
se incrementa de manera exponencial y directa la ola de violencia selectiva en Chuihuahua, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas.
En el Estado Grande, a la quema intencional de 34 negocios cutyos propietarios se negaron a pagarle protección a los ejecutores del narco, se sumaron en cuestión de horas ataques a medios de comunicación, la ejecución de un periodista, y la convocatoria a una reunión urgente para replantear todo el esquema de la Operación Conjunta Ciudad Juárez.
En Tijuana, el cese de 500 policías por sus nexos con el crimen organizado colocó a los militares como nuevos, inexpertos y riesgosos garantes del orden público.
En Sinaloa,
aumentan las ejecuciones de policías y militares mientras en el Distrito Federal siguen descubriéndose los niveles de penetración del cartel de los hermanos Beltrán Leyva en la agonizante SIEDO.

CENTINELA...
Uno.- Se avecina el choque de trenes entre la Sedena y la SSP federal, en la medida en que los servicios de inteligencia militar continúan proporcionándole a la PGR datos, pruebas, testimonios y evidencia sobre los hombres del narco en la SIEDO.



Dos.- Se acerca el plazo de los 100 días para evaluar la la renovada estrategia de lucha contra el crimen organziado, y conforme se avanza en la cita nos acercamos también a la cifra de las 4 mil 700 ejecuciones ligadas el narco en el país.

Tres.- La Secretaría de Gobernación ya le solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dotaciones de pilotos y tripulaciones para sus aeronaves.
La solicitud fue hecha a través del Estado Mayor Presidencial (EMP).
La Sedena no podrá
negarse a proporcionar lo requerido a pesar de la grave carencia de tripulaciones que tiene la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).