jueves, 23 de abril de 2009

La SEDENA sabía de los pasos oscuros del capitán Fernando Rivera Hernández.

Publicado el 31 OCT 2008.

Infiltraciones y nóminas sucias; el poder del narco al desnudo.

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN


La Defensa Nacional sabía de los pasos oscuros del capitán Fernando Rivera Hernández, detenido junto con otros mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) por brindarle protección de todo tipo al cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

El expediente y la hoja de servicios del capitán fueron abultándose en las gavetas del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) del Ejército, de la Sección Segunda (Inteligencia), de la Sección Tercera (Operaciones) y de la Sección Séptima (Operaciones Contra el narcotráfico).

En estas áreas se tuvo conocimiento de los movimientos y relaciones peligrosas del capitán -y de otros militares-con el narco.

Conforme se desempeñaba en el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN), en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Rivera Hernández fue quemando naves, alejándose de los muros militares.

La estructura de seguimiento de la Sedena para sus elementos con cargos públicos en áreas sensibles de la seguridad del país, permite establecer con precisión la ruta de cada efectivo, sin importar su grado.

El problema no se es saber si un soldado, un subteniente, un teniente, un capitán o un mayor e incluso un general, andan torcidos con el narco o con otro tipo de fenómenos.
Existen los mecanismos para darle seguimiento puntual a estos escenarios.

El CIAN y el Centro Nacional de Planeación e Inteligencia (CENAPI) de la PGR, controlado tradicionalmente por militares, supo también de los tratos del capitán e informó de ello.

El verdadero asunto radica en qué se hace en otras instancias -incluyendo a la propia Sedena- en otros niveles de gobierno con esos datos.

Los informes de la Sedena sobre la situación de Rivera fueron puntuales y surgieron del ámbito civil y del militar.

No había mucho que suponer en torno a sus manejos y sus relaciones. El problema surgió, como ha sido siempre, en el momento de informarle a la autoridad civil y/o militar sobre lo que estaba ocurriendo.

Las órdenes son órdenes y deben cumplirse.

Si la orden, en aquellos momentos, fue aguantar el asunto, eso se hizo.
Eran los tiempos del general Clemente Vega García como secretario de la Defensa.
Pero para la Sedena los “asuntos” como ese no terminan en el olvido. En la estructura militar se sabe que quien desempeña un cargo delicado y comete errores, tiene asegurada la prisión o por lo menos un proceso deshonroso y la baja, que pudiera desencadenar procesos en su contra.

Por eso la gente como Rivera Hernández o como muchos otros relacionados con el narco o con otros delitos, simplemente no regresan a las filas del Ejército.

Si la autoridad civil, ya sea por componendas o por falta de compromiso, determinan no juzgarlos o hacerse de la vista gorda, el Campo Militar Numero Uno los espera.

Los infiltrados, se mantienen en la civilidad pero saben que el seguimiento castrense los tiene en la mira. No regresan. Buscan a dónde brincar, de qué afianzarse tras quemas las naves.

El historial del capitán Fernando Rivera Hernández y de sus subalternos habla por sí solo.
Pero de todos esto y más estuvieron enterados civiles y militares en su momento. ¿Quién incumplió? ¿Quién dio carpetazo y por qué?

Esta parte de la historia comienza a reescribirse.

CENTINELA...
Uno.- Pese a lo que diga el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco Meza Castro, en el sentido de que la Sedena está libre de infiltraciones, los hechos comienzan a mostrar lo contrario.


Dos.- Hay quien dice que los hilos del clan de los hemanos Beltrán Leyva se extendieron hasta el campus de la UNAM, atravezando las “islas”.

Tres.- Las secciones Segunda y Séptima del Ejército, revisan a detalle las versiones surgidas desde Colombia en el sentido de la relación entre las FARC y los Zetas.

La compra de armas por drogas sería el móvil de una presunta relación desatada a raíz de la detención en España de un traficante de armas de Medio Oriente.

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