Advertencias al general Galván… Amalia, Monreal, el narco…

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

Los meses de aparente calma tras la oleada de violencia desatada por los cárteles de la droga, se terminaron.
“La Nueva Alianza”, grupo supuestamente creado a partir de un reciente pacto entre Los Zetas y los hermanos Beltrán Leyva, acaba de hacer su aparición con un mensaje directo al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, para que dos de sus oficiales dejen de proteger a La Familia Michoacana en el estado de Guerrero.
La saturación de tropas en Ciudad Juárez, Chihuahua, la persecución y caída de hijos de capos, de operadores y lugartenientes –fácilmente reemplazables por las estructuras del narco– ceden paso ahora a una nueva etapa de intimidación, reposicionamiento y forcejeo en la que los militares son el objetivo de los sicarios.
Los narcomensajes colocados en mantas, antes crípticos y burlones, son en estos días supuestas denuncias contra la corrupción de oficiales del Ejército Mexicano, señalados por los propios narcos de brindar protección y cobertura a la competencia.
Los recados abiertos a la opinión pública llevan sobre todo un destinatario claro y de muy alto nivel: el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA).
“La Nueva Alianza”, organización aparentemente formada por la gente de los hermanos Beltrán Leyva y por los Zetas, dejó el narcomensaje para el titular de la Defensa Nacional junto a las cabeza de tres hombres (dos civiles y un policía) ejecutados en el estado de Guerrero con los límites de Michoacán.
Sin códigos negros o rojos, los cárteles le advierten a Galván sobre el involucramiento de el Teniente Coronel de Artillería JOSÉ ALFREDO ZEPEDA ZOTO (sic) y el Capitán de Infantería ALFREDO GALEANA (“LA VACA”), señalados por supuestamente recibir dinero de La Familia Michoacana.
Sobre una cartulina fosforecente, se lee la primera advertencia dirigida al general Galván Galván en la que no sólo se dan nombres, grados, adscripción y hasta los números de celular de los militares acusados, sino que también se deja implícito que la suerte de estos oficiales está echada, que la gente de “La Nueva Alianza” los tiene ubicados y que cualquier cosa puede ocurrirles.
En esta etapa, la naciente organización de conveniencia creada por los Zetas y los Beltrán buscará mantener el control de rutas y zonas en una de las entidades más militarizadas de México, como lo es el estadio de Guerrero.
En ese estado, al que le corresponde la IX Región Militar, hay al menos 7 mil 600 efectivos del Ejército Mexicano desde 2007. El detalle de la estructura operativa en Guerrero elaborado por la SEDENA indica que bajo el mando del general ENRIQUE JORGE ALONSO GARRIDO hay otros 9 generales (en total son 10).
Debajo de estos mandos hay una estructura integrada por 136 jefes; 789 oficiales y 6 mil 695 soldados, para un total de 7, 630 elementos en esa región militar, que engloba a la 27 (El Ticui) y a la 35 (Chilpancingo) Zonas Militares de Guerrero.
Este campo de batalla se presenta como un nuevo dolor de cabeza para la SEDENA. Los vientos que presagian mayor violencia están inscritos en la cartulina hallada el 19 de mayo sobre la carretera que va de Guerrero, a Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Ese día la procuraduría estatal guerrerense localizó e identificó tres cabezas humanas abandonadas en el tramo carretero. Se trataba de los taxistas José Alanis Solís de 34 años y originario de Chilpancingo, quien radicaba en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, igual que Valentín de la O García, de 38 años.
El tercer ejecutado era Fermín Gómez Valenzuela, de 26 años, policía activo en La Unión, Guerrero.
Junto a ellos, el mensaje dirigido a Galván:
"Aquí están tus informantes secretario de la Defensa Nacional sigue recibiendo dinero de la Familia Michoacana, especialmente el teniente coronel José Alfaro Zepeda Zoto (sic) del 4º grupo de morteros tu tel 8115004418 y para ti capitán Alfredo Galeana alias La Vaca 7531032500 no apoyen asesinos cuiden su nación ATTE Beltran Leyba (sic) A, Cartel del Golfo Z, Nueva Alianza".
Se esperan días intensos para los militares en Guerrero.
EXPEDIENTES ABIERTOS
El affaire Zacatecas tiene mucha tela de dónde cortar. Los organismos de inteligencia comienzan a sacra al sol parte de los expedientes con que cuentan para aclarar el panorama en la conflictiva tierra gobernada por la perredista Amalia García y reclamada a su vez por el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.
Mientras la PGR mantiene viva la indagatoria en torno a los hermanos Cándido y David Monreal por las 14 toneladas de droga halladas en enero de este año en la bodega de chiles abandonada propiedad del primero, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) analiza los datos de inteligencia con que cuenta y se acerca a un reporte preliminar sobre el caso
El problema es que los resultados parecen no ser nada satisfactorios para algunos de los colaboradores de la mandataria estatal del sol azteca.
Al menos dos de ellos aparecen con inquietantes antecedentes peculiares en su paso por varios cargos públicos en Tamaulipas.

En Zacatecas, fuego vs. fuego… Golpe a la Sedena…

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

La fuga de 53 reclusos de alta peligrosidad ocurrida el pasado sábado 16 de mayo en el penal de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas, constituye un severo golpe del crimen organizado no solo a las fuerzas armadas, sino también al gobierno mexicano.

Una vez más, las estructuras de inteligencia civil y militar fallaron en sus misiones al mostrarse incapaces de armar escenarios y proyecciones sobre la paulatina reclusión de integrantes del crimen organizado en prisiones de muy bajo perfil y raquíticos controles de seguridad.

Ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ICISEN) ni el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) o las secciones Segunda (Inteligencia) y Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico) o la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) con su flamante equipo de especialistas castrenses fueron capaces de advertir que algo así sucedería, sobre todo en un sitio como el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Cieneguillas, más parecido a una granja de rehabilitación que a una cárcel.

Hasta antes de la operación de rescate de los 53 reclusos, el CERESO contaba con una población 771 internos (para un límite de 724) en el que prácticamente la mitad de sus ocupantes estaban presos por delitos del fuero federal, especialmente por narcotráfico (en la modalidad de transporte en trailers), acopio de armas, delincuencia organizada y homicidio.

Paulatinamente comenzaron a ser enviados por jueces federales de Zacatecas grupos de sicarios y operadores del cartel del Golfo, detenidos en operativos antidroga efectuados en los últimos tres años en el norte del país.

LA VIDA LENTA

Así, creció la población en el CERESO hasta llegar a 387 internos con delitos del fuero común y 384 del fuero federal, destacando de este grupo los relacionados con el narcotráfico. En Cieneguillas llegó a haber también reclusos desertores del Ejército (uno de ellos con el grado de Coronel) que pilotearon aeronaves para organizaciones criminales.

Este abanico, este coctail explosivo nunca fue ameritó un seguimiento por parte del gobierno federal, pese a que hubo advertencias de la gobernadora zacatecana Amalia García –a todas luces insuficientes– sobre la saturación y naturaleza de los reos de ese lugar.

El perfil de seguridad de Cieneguillas comenzó a desmoronarse meses después de la llegada de gobernadora perredista al poder, en 2005.

Nunca fue un secreto para propios y extraños la forma en que se daba el abasto de droga al interior del penal, ya sea mediante pequeños embarques de cocaína o mariguana disfrazada en alimentos los días de visita, o bien en los aparatos electrónicos que los familiares llevan a sus reclusos.

Alimentos, ropa y aparatos son revisados siempre por los custodios y sus jefes a manera de eufemístico “control” de aduanas. Las visitas son revisadas en ocho accesos cerrados (cuatro y cuatro).

Tres filtros más colocados en dos pasillos cortos en los que se revisan los sellos de agua y tinta colocados en los antebrazos, son el preámbulo de la última reja que se abre para dejar ver al frente y abajo a la izquierda uno de los restaurantes alquilados por los jefes del penal a quien deseé explotarlo y sacar algo del minúsculo comedor con sus mesas y sillas de plástico.

A la izquierda del complejo hay una cancha de futbol; a la derecha, canchas de basquetbol, planchas de concreto convertidas en parque de diversiones para los niños y niñas que van de visita. Motonetas y cochecitos de batería y algunos de madera entretienen por unos cuantos pesos a los pequeños.

Frente a ellos están dos secciones de comedores y misceláneas que venden de todo. Al fondo, más allá de las canchas de basquetbol, están los baños y junto a los comedores y tiendas está la capilla al aire libre. Cruzando la explanada aparecen los “cañones”, los helados y antihigiénicos dormitorios de los internos.
En algunos de ellos se ubican los talleres en los que se hace carpintería, pintura, repujado y sobre todo el piteado de cinturones y sillas de montar que a algunos les deja buen dinero y sobre todo muy buenas relaciones.

FUEGO AL FUEGO

En medio de esa parafernalia de la vida ruda, de la vida narca, decenas de internos alelados por la droga montan guardia en la entrada, al pie de las escaleras para llevarse unos pesos por ir a buscar al familiar visitado. Toda la lana es para la droga allá adentro.

A ese mundo que transcurría lento y pesado en tiempos de sequía, e implacable y quebradizo en el invierno, llegaron poco a poco los sicarios y operadores del Golfo.

Luego, ente el 2004, aparecieron las visitas extrañas y frecuentes; las Hummer H2 de amarillo chillante y placas de Texas que iban y venían los sábados y domingos por la carretera desde Fresnillo y a veces desde la capital del estado.

Después comenzaron los traslados fuera de tiempo a juzgados y revisiones fuera de Cieneguillas, y con ellos empezaron las desapariciones de reos que se esfumaban en el aire.

No tardó mucho en darse la detención de custodios y jefes y funcionarios mayores que acabaron bajo proceso allí mismo, pero lejos de la población general. Nadie les iba a garantizar la vida si los mandaban a los cañones con la gente a la que mandaron detener.

De todo este panorama, el gobierno federal parece no haber logrado ningún aprendizaje.

Lo más grave de todo esto sea quizá no tanto la fuga de los Zetas, sino la facilidad del operativo, el descuido, la falta de controles, de mecanismos de seguridad, de inteligencia y de evaluación de escenarios de riesgo que hoy tienen al gobierno panista de Felipe Calderón, y al perredista de Amalia García, tratando de asimilar un golpe certero y potente del crimen organizado que rebasa los logros militares y civiles alcanzados hace unas semanas y meses con las detenciones de notables hijos de narcotraficantes y el aseguramiento de más de un centenar de narco laboratorios en Michoacán.

Sin disparar un solo tiro, apoyados por un helicóptero, equipados con radios encriptados y con base en un trabajo coordinado que se ensayó una y otra vez, los Zetas terminaron por exhibir otra vez a un gobierno que además de carecer de una estrategia clara contra el narco, ahora muestra las fracturas severas y las limitaciones operativas y de coordinación de sus organismos de inteligencia.

El enojo de los militares… La amnesia de De la Madrid…

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

(AUDIOS DE LA ENTREVISTA A MIGUEL DE LA MADRID)

SEDENA-CISEN… DESENCUENTROS

Las revelaciones periodísticas de Milenio sobre la torpe y extraña licitación convocada por el máximo órgano de la inteligencia civil del país para asegurar bienes muebles e inmuebles, no solo han repercutido en varias direcciones y oficinas de la Secretaría de Gobernación.

Uno de sus impactos más duros ha sido en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde al menos 10 militares están asignados al control e intercambio de información sensible sobre crimen organizado, terrorismo y tráfico de armas.

Los nombres de los militares, cuyos grados van desde tenientes hasta capitanes primeros, aparecieron en la página del sistema Compranet y estuvieron ahí durante seis meses hasta el día de ayer, cuando Segob ordenó que toda la información fuera retirada del sitio.

Para la Sedena el problema a raíz de la monumental y extraña pifia de Gobernación, radica non solo en la identidad de sus hombres al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sino en el status de sus jefes y oficiales.

Esto, porque los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) que están adscritos al CISEN sí cuentan con el beneficio de mantener su identidad y datos en un sistema de encriptación, por lo cual la información sobre ellos no fue difundida en Compranet.

No ocurrió lo mismo con los oficiales de la Sedena. Sus datos básicos están ahí y a ellos tuvo acceso quien logró enterarse de la fallida y maloliente licitación convocada, porque la Ley de la Administración Pública Federal exime a la Sedena, a la Armada de México, a la PGR, a la SSP, a la PFP y al CISEN de hacer públicas las licitaciones que requieran, precisamente para no vulnerar la secrecía de la información manejada.

Por el momento la Sedena no cambiará a su gente, aunque se espera una muy probable y obvia reasignación de sus elementos para evitar situaciones graves y problemas mayores con ellos.

Además, el Ejército acababa de entregarle a la Segob un estudio especial, una Guía de Riesgos en la que se determinaban las vulnerabilidades y puntos a fortalecer en la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont.

Pero el asunto tiene más tela de donde cortar, ya que el affaire CISEN también exhibió la limitaciones de la propia Sedena que tampoco fue capaz de enterarse durante …¡seis meses! de la abismal torpeza del CISEN y Segob.

INCAPAZ, MAS ALLA DE LOS PINOS

Los hilos más tensos y tenebrosos del viejo sistema priista se activaron ayer como pocas veces ocurrió en los años dorados de la dictadura perfecta.

Los monosílabos, las frases escuetas aunque claras y coherentes de Miguel de la Madrid Hurtado, oscuro y mediocre mandatario entre 1982 y 1988, cimbraban el ánimo de un par de generaciones de políticos del Revolucionario Institucional, de varias familias intocables y de decenas de ex policías y gente de la milicia conforme respondía a las preguntas de la periodista Carmen Aristegui sobre las corruptelas de los hermanos Salinas de Gortari.

La tragicomedia en que acabó convirtiéndose el asalto priista a la razón, que comenzó con los desatinos y audacias de Luis Tellez Kunzler al señalar que Carlos Salinas se había robado la partida secreta de la Presidencia de la República, continuó con la demostración de cinismo de Carlos Ahumada en su libro de santos contra pecadores.

El siguiente episodio lo protagonizó Roberto Madrazo Pintado, frustrado ex candidato a la Presidencia, cuestionable maratonista y lamentable publicista de sus propias obras, al señalar deslizar acusaciones sobre el involucramiento de los ex mandatarios Ernesto Zedillo y Vicente Fox con los cárteles de la droga.

A mayor abundancia, el tabasqueño señaló con todas sus letras que Zedillo negoció con la gente del cartel de Juárez y que Fox había pactado con los líderes del cartel de Sinaloa.

No está claro si los señalamientos motivaron a Carmen Aristegui a buscar el encuentro con De la Madrid o si éste fue quien seleccionó a la periodista para decir lo que dijo y que luego, burda y penosamente, negó haber dicho horas después de difundida la entrevista.

De inmediato, lo viejos hombres duros del priismo militante y de la tenebra contactaron a la gente adecuada para hacerle saber al ex presidente gris, de todas las formas posibles –por las buenas y por las peores– que también tenía un pasado muy difícil de explicarle a propios y extraños.

El affaire Salinas fue desactivado en menos de 24 horas, entre el estupor de la clase política , el susto de los beneficiarios oscuros del sexenio de los Salinas y la incomodidad del panismo que todo lo pacta.
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Código Rojo en Durango. Sedena crea grupo especial vs. sicarios.

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

El radiograma en el que se detallaba el hallazgo de otros dos militares ejecutados por sicarios del narcotráfico, ahora en Durango, llegó de inmediato a las manos del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con la confirmación de la muerte de los tenientes José Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez, ejecutados a tiros en un paraje cercano al poblado de Guanaceví.
Por eso la reacción de los mandos militares fue inusitada y se ordenó la formación de un grupo especial de búsqueda y rastreo para dar a la brevedad con los responsables de los asesinatos a tiros de los dos oficiales.
La doble ejecución ocurrió el 21 de abril, tan solo tres días después de que el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, abriera la boca para comentar en una conferencia de prensa que el Chapo Guzmán vivía cerca, precisamente en Guanaceví, que todo el mundo en el estado lo sabía menos la autoridad federal.
Se equivocó Monseñor. La Sedena lo sabía y por eso el nerviosismo de los sicarios que cuidaban las espaldas del líder del cártel de Sinaloa, que se sintieron muy incómodos con la presencia de los tenientes cerca de Guanaceví.
Los múltiples “halcones” con que cuenta el narco les indicaron que los tenientes andaban cerca y que ya tenían tiempo en la zona.
Lo cierto es que los militares estaban bajo la mira de sicarios civiles y de ex compañeros de armas quienes lo estaban triangulando, porque acababan de enviarlos desde Tamazula y Santiago Papasquiaro hacia las inmediaciones de Guanaceví para conocer detalles sobre el diseño de una operación en Durango.
Al parecer todo se precipitó por las declaraciones del Arzobispo. La Sedena ya había avanzado en la operación, al menos en los primeros pasos del planeo, cuando el prelado abrió la boca y sacudió a la gente de Sinaloa.
Los reportes de inteligencia de la Sedena indican que las cosas se precipitaron y que los sicarios no esperaron más; las declaraciones de González Martínez y la presencia de los tenientes fueron demasiada coincidencia.
Decidieron cortar por lo sano y eliminar a los militares que ese día estaban francos, de descanso.
Dos días después de las ejecuciones y tras las evaluaciones del alto mando, se decidió no solo agrupar a un par de secciones del 71 Regimiento de Infantería para peinar la zona y rastrear a los asesinos.
El alto mando fue más allá y ordenó la creación de un grupo especial para dar con los ejecutores, solo que hubo un inconveniente: todos los grupos especiales estaban asignados a operaciones en proceso en el norte y occidente del país o estaban en adiestramiento.
Si no había gente disponible entonces había que conseguirla entre los que más experiencia tuvieran. La solución del alto mando fue crear una especie de batallón integrado por 500 hombres, 500 militares en retiro que poco a poco se han ido integrando al grupo desde hace casi un mes.
Dicha unidad no está completa aún, pero se sabe que un general brigadier en retiro la encabezará, y que con él estarán varios oficiales que hace un par de años habían dejado el servicio activo.
El Ejército sigue buscando a los asesinos de los tenientes José Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez, porque no se trataba de militares comunes y corrientes.
Lo hace intentando conjuntar una fuerza de 500 hombres, casi un batallón, porque sabe bien que cuando los encuentre su captura no será precisamente un día de campo.

Gastará mas de 3 mil millones de dólares en helicópteros.

Helicóptero EC-725 Cougar, para transporte de tropas y operaciones especiales.

REBASÓ SEDENA PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LUCHA ANTIDROGAS.

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

Los costos de la lucha contra los cárteles de la droga se elevan en todas las áreas del gobierno federal, sobre todo en la de defensa, que soporta el peso de una estrategia de combate fracturada, contradictoria, escasa o nulamente medible, salvo por la recurrente cascada de cifras y datos duros oficiales manejados a diestra y siniestra por militares, policías y civiles en el poder.
Al reto que significan el poder de cooptación y penetración de los cárteles se suman las deserciones militares y ahora el poder de fuego de sicarios, que intenta ser mermado con iniciativas y acercamientos entre México y los Estados Unidos.
Esta arte de la agenda antidrogas tiene costos muy altos, costos en efectivo que ya superaron los 43 mil 623 millones de pesos que la Sedena tenía contemplados para ser ejercidos durante este año.
Tal cantidad, la mayor que se le ha asignado a la dependencia en su historia, no fue suficiente para detener la caída en picada que sufre la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), cuyos helicópteros Mi-17 pertenecientes al Escuadrón Aéreo 303 parecen haber quedado fuera de circulación (y de combate).
Por eso, desde finales de 2008, los asesores del general Galván le aconsejaron promover en los primeros meses de este año una vigorosa ampliación al presupuesto para comprar seis helicópteros franceses EC-725 Cougar por un monto aproximado de 3 mil 019 millones y medio de pesos.
La compra de estos aparatos avanzados que se usarán para transporte de Fuerzas Especiales y para apoyo eventual al Plan DN-IIIE, llevó el presupuesto militar hasta poco más de los 47 mil millones de pesos, es decir, un sobre giro obligado por dos razones: la inoperancia de los 24 aparatos Mi-17 del EA 303, y la superioridad de fuego del narco en operaciones especiales en las que el Ejército ha salido mal librado al intentar detener a los verdaderos capos de la droga.
Por eso la Sedena pidió al gobierno de Francia que tres de los aparatos Cougar estuvieran equipados con lanzacohetes, ametralladoras calibre 0.50 mm y 7.62 mm, blindaje parcial y faros de luz infrarroja.
De hecho, la mitad de la actual flota de naves Mi-17 está desmantelada y “encapuchada” a un costado de la pista principal de la Base Aérea Militar Número 1 (BAM 1), en Santa Lucía, Estado de México, sirviendo como una especie de “refaccionaria” en la que se desguazan (desarman) los aparatos para colocar piezas utilizables en helicópteros que presenten menos problemas y puedan seguir volando.
Reportes internos contenidos en la justificación económica para la compra de los Vougar, señalan que “la Fuerza Aérea Mexicana tiene en este momento dos helicópteros tipo MI-17 con más de 20 años de vida operativa, cuatro con solamente un año de vida útil, tres con dos años de vida útil y uno con tres años; quedando solamente nueve helicópteros con 10 años de vida útil”.
Además, señala el texto, “los equipos de comunicación y navegación que tienen instalados dichas aeronaves son obsoletos y de difícil reposición o reparación en comparación con las unidades modernas”.
DE ORDEN SUPERIOR obtuvo de la Sedena varias respuestas mediante la Ley Federal de Acceso a la Información Pública acerca de la compra de los aparatos Cougar, su precio, las fechas de entrega y las condiciones y razones por las que fueron adquiridos.
La Defensa Nacional indicó que el precio unitario de cada aeronave oscila entre los 27 millones 500 Euros y los 26 millones 540 mil Euros, dependiendo de las características de cada aeronave.
La Sedena detalló que los recursos para comprar los helicópteros Cougar se consiguieron luego de que la dependencia logró que hacienda les diera “una ampliación líquida al presupuesto de esta Secretaría, para la compra, en el mes de marzo de 2009, como una modificación al Presupuesto de Egresos inicial de esta dependencia”.
La partida presupuestal para la compra es la 5301 y el plazo para completar los pagos va de 2009 a 2012. En sus razonamientos la secretaría señala que los aparatos se compraron para “dotar a la Fuerza Aérea Mexicana de material aéreo moderno, que dé eficiencia y eficacia en las operaciones de transporte, evacuación de personal, heridos en las actividades de auxilio a la población civil, así como en actividades de seguridad pública”.
Al final, el alegato para negar información sobre las fechas de entrega de los EC-725 y clasificar esa información durante 12 años, fue el siguiente: “Daño probable; difundir la información relativa a la fecha de entrega de las aeronaves, obstaculizará (sic) o bloqueará (sic) la entrega material, impidiendo con ello la implementación de acciones o estrategias para combatir la acción delictiva”.
Además, “el crimen organizado sabría con precisión (sic) a partir de cuándo se cuenta con mejor equipo bélico, lo que daría lugar a que la delincuencia organizada, con su poder económico (sic), adquiriera material aéreo de mejores características (sic), a fin de neutralizar o bloquear el poder aéreo con que cuenta el Estado Mexicano”.
¿Hace falta agregar más?
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El Ejército, a dos fuegos.

PERSISTE LA IMPUNIDAD MILITAR EN MÉXICO

El gobierno federal impulsa cambios jurídicos, pero no presiona a Sedena Y Marina para que haya reformas internas a fondo.

JORGE ALEJANDRO MEDELLIN

La emergencia de salud pública desatada por la influenza humana parecía haber dejado de lado la atención sobre la situación de los militares como responsables de violaciones y abusos a los derechos humanos en su papel de policías antinarco.
No es así. El tema venía calentándose semanas antes del brote de influenza y se había colocado como una de las agendas de urgente solución para el gobierno calderonista, presionado por el alto mando y la cúpula militar para que enviara al congreso las iniciativas que ahora le otorgan a las fuerzas armadas facultades y una identidad jurídica a prueba de todo…o casi todo.
Ese contexto, el de la lucha antidrogas en la que los militares aparecían “vulnerables” ante cualquier escenario en el que se cuestionara su actuación en operativos, retenes, puestos de control o detenciones e interrogatorios, fue la verdadera razón por la que el alto mando decidió suspender la activación formal del CUERPO DE FUERZAS DE APOYO FEDERAL (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su gobierno como un instrumento aplicable a en escenarios de desorden interno y de combate a la delincuencia organizada.
El CFAF, creado por decreto presidencial en 2007, iba a ser integrado primero por 6 mil efectivos cuyo pie veterano serían los jefes de los GAFES disueltos y reagrupados en nueve batallones en todo el país.
Pero en diciembre de ese año el alto mando ordenó suspender su activación y dispuso el cese del CFAF para el cual se necesitaban instalaciones y sobre todo un presupuesto de 1,600 millones de pesos. No hubo ni lo uno ni lo otro, y mucho menos las condiciones jurídicas parea echara a andar el proyecto.
En octubre de ese año, el alto mando intentó retomar el proyecto promoviendo de nuevo la creación de un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (ahora CEFAF) que debería contar con 10 mil efectivos.
La Sedena argumentaba ante legisladores federales que la creación de esta fuerza armada era necesaria y que se requerían de inicio 4 mil 706 millones de pesos para ser entregados a la Defensa Nacional en tres fases (de 2008 en adelante) de 1,568.8 millones de pesos cada una.
El intento fracasó, pero el general Galván no dejó en el aire la situación jurídica del Ejército y dispuso pasar a “cese” el CEFAF antes que darle vida a un ente condenado a toda clase de cuestionamientos y sin un marco legal que le permitiera actuar.
Esto sucedió entre rispideces ya que en principio el CEFAF iba a ser manejado exclusivamente por el presidente de la república a partir de diagnósticos y reportes sobre incidencia criminal fuera de control o bien en situaciones de turbulencia social.
Los asesores jurídicos de la Presidencia de la República se encontraron con el mismo panorama jurídico y decidieron cambiar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para quitarle al Comandante Supremo las atribuciones sobre el cuerpo militar, y sobre todo la responsabilidad absoluta en el manejo de esta nueva unidad de elite que tarde o temprano se vería inmersa en problemas de abuso a los derechos humanos.
La responsabilidad quedó entonces en manos del titular de la Sedena quien ante la negativa de los legisladores de crear un marco jurídico que respaldara por todos los costados la actuación de las tropas y sus mandos. Por eso ordenó el cese del CEFAF en diciembre de 2008.
Ahora, ante el nuevo escenario planteado por los cambios aprobados en el congreso y la urgencia de incrementar el poder de fuego de movilidad del Ejército, podría darse la reactivación del CEFAF.
DERECHOS HUMANOS
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el miércoles 29 de abril el informe especial “Impunidad Uniformada”, texto de 85 páginas que contiene un análisis detallado sobre el “uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.
Los integrantes de HRW señalaron durante la presentación del informe que “Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública”.
El informe revisa 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008.
Los abusos “incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos”.
El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, recuerda HRW.
En cuanto al tema de la justicia militar, la organización humanitaria indicó que “Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas”.
Se señala además que “los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte”-
El texto advierte que “la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada”, y que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
Las apreciaciones son ciertas y se suman a diversos análisis y encuestas hechos en los últimos meses, en los que el sondeo a la opinión pública ha revelado tendencias a la baja en la apreciación sobre la forma en que los militares se han desempeñado en el combate al narcotráfico.
El tema no ha quedado en el olvido. Por el contrario, los cambios jurídicos impulsados por la Presidencia de la República evidencian la ausencia total de contrapesos civiles (llámense legisladores o bien organismos de la sociedad) con los que se establezcan controles efectivos sobre las fuerzas armadas para que haya una efectiva, pronta y transparente política de rendición de cuentas.
Mientras esto no suceda, la “Impunidad Uniformada” de la que habla HRW seguirá vigente, no solo desgastando a los militares sino poniendo contra la pared a una sociedad desarmada por el crimen y amenazada por sus defensores.

Radares y omisiones de altos mandos.

Publicado el 20 ABRIL 2009.

Tecnología vs. el narco...El silencio de los militares...

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

En el último mes y medio se incrementaron los aseguramientos de mariguana en buena parte del país, sobre todo en el norte y noreste, en donde son más fuertes los operativos antidroga del Ejército, la PFP, la PGR, la AFI y Marina.
Son los meses de cosecha y transporte del enervante al por mayor. En una semana más comenzará el periodo de la amapola, cuyos bulbos están o deberán estar en el punto especial para la recolección del caldillo blancuzco que habrá de convertirse en goma de opio y después en heroína, la más costosa y buscada de las drogas prácticamente en cualquier latitud.
La siembra y cosecha de mariguana y amapola en casi la mitad del territorio del país en el que es posible realizar esa labor, es una muestra de una de las facetas del narcotráfico para la cual ningún gobierno, ni priista, ni panista y mucho menos perredista, tiene respuesta o solución.
En el país tenemos poco más de 31 mil millones de hectáreas cultivables, de las cuales unas 9 mil millones de hectáreas son empleadas por cárteles de la droga para la siembra de cannabis y adormidera.
En ese universo se incluyen también las 8.2 mil millones de hectáreas en las que se siembra maíz, de acuerdo con datos de Tribunal Superior Agrario (TSA).
Las cifras son del 2007 y su sola mención hoy causa escozor y una inmediata reacción de incomodidad a las autoridades que deberían encargarse de revertir estas cifras y la dramática realidad que se esconde detrás de ellas.
Hace dos años se calculaba que al menos el 30 por ciento de las tierras que podrían ser cultivables estaban en manos de los cárteles de la droga.
Preguntar esto, tratar de profundizar en el tema ocasiona el enojo de las secretarías de Estado, la negativa a dar información o a actualizar cifras y un vacío informativo que pretende ser llenado con boletines, declaraciones de banqueta o desmentidos y aclaraciones “oficiales”.
Esto es importante, porque fue precisamente en 2007 cuando, con el nuevo gobierno panista dispuso que la PGR le entregara a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), los 50 helicópteros Bell y las 8 avionetas Cessna que integraban sus escuadrones de fumigación.
La prensa mexicana ha documentado al detalle el fracaso o al menos el gris desempeño de la FAM (carente de tripulaciones completas) en labore de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos desde el aire, señalando que cada vez es menor la superficie erradicada en el actual sexenio.
¿Cuántas hectáreas de mariguana y amapola y en cuántos estados han dejado de ser atacadas como es debido?
¿Cuántas hectáreas le ha ganado en dos años el narco al Estado y al campo mexicanos?, ¿En donde se debería librar una de las verdaderas batallas contra los cárteles de la droga?

OJOS EN EL CIELO
En las semanas que vienen habrá más noticias sobre aseguramientos, cosecha y trasiego de amapola, pero en especial se hablará de la cantidad de plantíos, hectáreas y toneladas que pudieran existir de este opiáceo si solo tomáramos en cuenta los tonos rojizos que la flor, en su madurez productiva, adquiere bajo el espectro adecuado de la fotografía satelital avanzada, de alta definición.
La más reciente imagen manejada por la Armada de México para conformar la base de datos del Sistema de satélites de la Constelación Spot-ERMEXS, muestra el espectro obtenido entre el 1° de abril de 2008 y el 31 de marzo de este año en los sobrevuelos de uno de los tres satélites que forman el sistema.
Durante casi una semana los aparatos de fabricación francesa vuelan en orbitas distintas sobre varios puntos del planeta, y uno de ellos es la República Mexicana.
Los satélites hacen un barrido de imágenes del territorio nacional y pueden centrarse en puntos o zonas de especial atención para el gobierno federal y para los estatales y las instituciones educativas que soliciten acceder a este servicio de manera justificada.
Al detalle de lo registrado por el sistema ERMEXS solo se puede acceder con claves encriptadas y si se es parte de algunas de las instituciones autorizadas y registradas para usar el sistema.
Esas instituciones (más de 20) tienen a su vez registrados a unos 230 elementos –civiles y militares– como enlaces o Gestores ante Marina para hacer uso de las imágenes satelitales contratadas y obtenidas por el sistema.
Como comentaba al inicio, la base de datos en imagen obtenida entre el 1° de abril de 2008 y el 31 de marzo pasado, ya están disponibles en las instalaciones del sistema Spot ERMEXS que se ubican en la sede de la Secretaría de Marina, al sur de la ciudad.
En ellas se aprecia el mapeo del territorio nacional con algunas fallas de registro debido a problemas climatológicos que afectaron la captación de imágenes satelitales.
La Armada de México lo explica mejor al detallar que “en el área de la Península de Yucatán hay huecos, ya que debido a la gran concentración de nubosidad que se presenta regularmente en esa área no fue posible la adquisición de imágenes en el periodo citado pero, se continuará monitoreando para que al momento de mejorar las condiciones meteorológicas, se haga la adquisición correspondiente y se actualice el área faltante”.
El mapa del país obtenido por el Sistema ERMEXS muestra la extensión de sembradíos de amapola en al menos ocho estados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
En cuanto a la mariguana, las imágenes señalan los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa (el famoso Triángulo Dorado), así como Sonora, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, como los puntos en los que la incidencia en la siembra del enervante es alta.
El periodo referido por la Armada de México abarca menos de un año de actividad.
¿Cómo estábamos en el 2007 y cómo estamos ahora en este rubro del combate a la producción y tráfico de drogas? Sede y Marina tienen las respuestas. ¿Se las van a guardar?