PERSISTE LA IMPUNIDAD MILITAR EN MÉXICO
El gobierno federal impulsa cambios jurídicos, pero no presiona a Sedena Y Marina para que haya reformas internas a fondo.
JORGE ALEJANDRO MEDELLIN
La emergencia de salud pública desatada por la influenza humana parecía haber dejado de lado la atención sobre la situación de los militares como responsables de violaciones y abusos a los derechos humanos en su papel de policías antinarco.
No es así. El tema venía calentándose semanas antes del brote de influenza y se había colocado como una de las agendas de urgente solución para el gobierno calderonista, presionado por el alto mando y la cúpula militar para que enviara al congreso las iniciativas que ahora le otorgan a las fuerzas armadas facultades y una identidad jurídica a prueba de todo…o casi todo.
Ese contexto, el de la lucha antidrogas en la que los militares aparecían “vulnerables” ante cualquier escenario en el que se cuestionara su actuación en operativos, retenes, puestos de control o detenciones e interrogatorios, fue la verdadera razón por la que el alto mando decidió suspender la activación formal del CUERPO DE FUERZAS DE APOYO FEDERAL (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su gobierno como un instrumento aplicable a en escenarios de desorden interno y de combate a la delincuencia organizada.
El CFAF, creado por decreto presidencial en 2007, iba a ser integrado primero por 6 mil efectivos cuyo pie veterano serían los jefes de los GAFES disueltos y reagrupados en nueve batallones en todo el país.
Pero en diciembre de ese año el alto mando ordenó suspender su activación y dispuso el cese del CFAF para el cual se necesitaban instalaciones y sobre todo un presupuesto de 1,600 millones de pesos. No hubo ni lo uno ni lo otro, y mucho menos las condiciones jurídicas parea echara a andar el proyecto.
En octubre de ese año, el alto mando intentó retomar el proyecto promoviendo de nuevo la creación de un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (ahora CEFAF) que debería contar con 10 mil efectivos.
La Sedena argumentaba ante legisladores federales que la creación de esta fuerza armada era necesaria y que se requerían de inicio 4 mil 706 millones de pesos para ser entregados a la Defensa Nacional en tres fases (de 2008 en adelante) de 1,568.8 millones de pesos cada una.
El intento fracasó, pero el general Galván no dejó en el aire la situación jurídica del Ejército y dispuso pasar a “cese” el CEFAF antes que darle vida a un ente condenado a toda clase de cuestionamientos y sin un marco legal que le permitiera actuar.
Esto sucedió entre rispideces ya que en principio el CEFAF iba a ser manejado exclusivamente por el presidente de la república a partir de diagnósticos y reportes sobre incidencia criminal fuera de control o bien en situaciones de turbulencia social.
Los asesores jurídicos de la Presidencia de la República se encontraron con el mismo panorama jurídico y decidieron cambiar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para quitarle al Comandante Supremo las atribuciones sobre el cuerpo militar, y sobre todo la responsabilidad absoluta en el manejo de esta nueva unidad de elite que tarde o temprano se vería inmersa en problemas de abuso a los derechos humanos.
La responsabilidad quedó entonces en manos del titular de la Sedena quien ante la negativa de los legisladores de crear un marco jurídico que respaldara por todos los costados la actuación de las tropas y sus mandos. Por eso ordenó el cese del CEFAF en diciembre de 2008.
Ahora, ante el nuevo escenario planteado por los cambios aprobados en el congreso y la urgencia de incrementar el poder de fuego de movilidad del Ejército, podría darse la reactivación del CEFAF.
DERECHOS HUMANOS
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el miércoles 29 de abril el informe especial “Impunidad Uniformada”, texto de 85 páginas que contiene un análisis detallado sobre el “uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.
Los integrantes de HRW señalaron durante la presentación del informe que “Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública”.
El informe revisa 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008.
Los abusos “incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos”.
El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, recuerda HRW.
En cuanto al tema de la justicia militar, la organización humanitaria indicó que “Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas”.
Se señala además que “los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte”-
El texto advierte que “la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada”, y que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
Las apreciaciones son ciertas y se suman a diversos análisis y encuestas hechos en los últimos meses, en los que el sondeo a la opinión pública ha revelado tendencias a la baja en la apreciación sobre la forma en que los militares se han desempeñado en el combate al narcotráfico.
El tema no ha quedado en el olvido. Por el contrario, los cambios jurídicos impulsados por la Presidencia de la República evidencian la ausencia total de contrapesos civiles (llámense legisladores o bien organismos de la sociedad) con los que se establezcan controles efectivos sobre las fuerzas armadas para que haya una efectiva, pronta y transparente política de rendición de cuentas.
Mientras esto no suceda, la “Impunidad Uniformada” de la que habla HRW seguirá vigente, no solo desgastando a los militares sino poniendo contra la pared a una sociedad desarmada por el crimen y amenazada por sus defensores.
No es así. El tema venía calentándose semanas antes del brote de influenza y se había colocado como una de las agendas de urgente solución para el gobierno calderonista, presionado por el alto mando y la cúpula militar para que enviara al congreso las iniciativas que ahora le otorgan a las fuerzas armadas facultades y una identidad jurídica a prueba de todo…o casi todo.
Ese contexto, el de la lucha antidrogas en la que los militares aparecían “vulnerables” ante cualquier escenario en el que se cuestionara su actuación en operativos, retenes, puestos de control o detenciones e interrogatorios, fue la verdadera razón por la que el alto mando decidió suspender la activación formal del CUERPO DE FUERZAS DE APOYO FEDERAL (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su gobierno como un instrumento aplicable a en escenarios de desorden interno y de combate a la delincuencia organizada.
El CFAF, creado por decreto presidencial en 2007, iba a ser integrado primero por 6 mil efectivos cuyo pie veterano serían los jefes de los GAFES disueltos y reagrupados en nueve batallones en todo el país.
Pero en diciembre de ese año el alto mando ordenó suspender su activación y dispuso el cese del CFAF para el cual se necesitaban instalaciones y sobre todo un presupuesto de 1,600 millones de pesos. No hubo ni lo uno ni lo otro, y mucho menos las condiciones jurídicas parea echara a andar el proyecto.
En octubre de ese año, el alto mando intentó retomar el proyecto promoviendo de nuevo la creación de un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (ahora CEFAF) que debería contar con 10 mil efectivos.
La Sedena argumentaba ante legisladores federales que la creación de esta fuerza armada era necesaria y que se requerían de inicio 4 mil 706 millones de pesos para ser entregados a la Defensa Nacional en tres fases (de 2008 en adelante) de 1,568.8 millones de pesos cada una.
El intento fracasó, pero el general Galván no dejó en el aire la situación jurídica del Ejército y dispuso pasar a “cese” el CEFAF antes que darle vida a un ente condenado a toda clase de cuestionamientos y sin un marco legal que le permitiera actuar.
Esto sucedió entre rispideces ya que en principio el CEFAF iba a ser manejado exclusivamente por el presidente de la república a partir de diagnósticos y reportes sobre incidencia criminal fuera de control o bien en situaciones de turbulencia social.
Los asesores jurídicos de la Presidencia de la República se encontraron con el mismo panorama jurídico y decidieron cambiar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para quitarle al Comandante Supremo las atribuciones sobre el cuerpo militar, y sobre todo la responsabilidad absoluta en el manejo de esta nueva unidad de elite que tarde o temprano se vería inmersa en problemas de abuso a los derechos humanos.
La responsabilidad quedó entonces en manos del titular de la Sedena quien ante la negativa de los legisladores de crear un marco jurídico que respaldara por todos los costados la actuación de las tropas y sus mandos. Por eso ordenó el cese del CEFAF en diciembre de 2008.
Ahora, ante el nuevo escenario planteado por los cambios aprobados en el congreso y la urgencia de incrementar el poder de fuego de movilidad del Ejército, podría darse la reactivación del CEFAF.
DERECHOS HUMANOS
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el miércoles 29 de abril el informe especial “Impunidad Uniformada”, texto de 85 páginas que contiene un análisis detallado sobre el “uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.
Los integrantes de HRW señalaron durante la presentación del informe que “Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública”.
El informe revisa 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008.
Los abusos “incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos”.
El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, recuerda HRW.
En cuanto al tema de la justicia militar, la organización humanitaria indicó que “Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas”.
Se señala además que “los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte”-
El texto advierte que “la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada”, y que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
Las apreciaciones son ciertas y se suman a diversos análisis y encuestas hechos en los últimos meses, en los que el sondeo a la opinión pública ha revelado tendencias a la baja en la apreciación sobre la forma en que los militares se han desempeñado en el combate al narcotráfico.
El tema no ha quedado en el olvido. Por el contrario, los cambios jurídicos impulsados por la Presidencia de la República evidencian la ausencia total de contrapesos civiles (llámense legisladores o bien organismos de la sociedad) con los que se establezcan controles efectivos sobre las fuerzas armadas para que haya una efectiva, pronta y transparente política de rendición de cuentas.
Mientras esto no suceda, la “Impunidad Uniformada” de la que habla HRW seguirá vigente, no solo desgastando a los militares sino poniendo contra la pared a una sociedad desarmada por el crimen y amenazada por sus defensores.
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