Derrocha alcalde el presupuesto al crear una Policía desconfiable
Armando Delgado Sifuentes/Segunda parte
Ir a la primera parte
Para evadir su responsabilidad de brindar protección a los ciudadanos, el alcalde José Reyes Ferriz hizo compromisos con autoridades federales que han resultado ruinosos para las finanzas municipales en programas que por lo demás no han impedido que los índices de delitos más graves como la extorsión, el secuestro, el “carjacking” y las ejecuciones sigan al alza.
La percepción ciudadana sobre la inseguridad se refleja en cifras claras: a septiembre de este año, seis mil negocios cerraron sus puertas, además de que diversas voces representativas de la comunidad claman un alto a la inseguridad.
El 14 de septiembre, justo el día en que a través de El Diario el gobierno municipal festinaba que había llegado ya a reunir los tres mil policías municipales, el número de ejecuciones rebasó las mil 622 del 2008.
lunes, 12 de octubre de 2009
jueves, 8 de octubre de 2009
El de FCH, el sexenio con más bajas militares.
Columna:
De Orden Superior
Saldos de la lucha vs. el narco
October 8, 2009— 12:00 am
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La sangría causada por la lucha antidrogas en México ha marcado al EJÉRCITO MEXICANO de diversas maneras, entre ellas con la del récord de más bajas sufridas en el combate a este flagelo, sobre todo en los tres años de gobierno de FELIPE CALDERÓN.
La cifra de 625 militares muertos durante 33 años de combate a los cárteles del narcotráfico puede parecer poco abultada si se le compara con el lapso en el que las fuerzas armadas llevan participando en esta agenda que pasó de ser un tema de seguridad pública a uno de seguridad nacional, y en algunos casos de seguridad interior.
En esa cifra llama la atención el fallecimiento de un CADETE durante el cumplimiento de la primera misión de ERRADICACIÓN de enervantes a las que fueron enviados CINCO MIL alumnos del sistema educativo militar.
De Orden Superior
Saldos de la lucha vs. el narco
October 8, 2009— 12:00 am
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La sangría causada por la lucha antidrogas en México ha marcado al EJÉRCITO MEXICANO de diversas maneras, entre ellas con la del récord de más bajas sufridas en el combate a este flagelo, sobre todo en los tres años de gobierno de FELIPE CALDERÓN.
La cifra de 625 militares muertos durante 33 años de combate a los cárteles del narcotráfico puede parecer poco abultada si se le compara con el lapso en el que las fuerzas armadas llevan participando en esta agenda que pasó de ser un tema de seguridad pública a uno de seguridad nacional, y en algunos casos de seguridad interior.
En esa cifra llama la atención el fallecimiento de un CADETE durante el cumplimiento de la primera misión de ERRADICACIÓN de enervantes a las que fueron enviados CINCO MIL alumnos del sistema educativo militar.
domingo, 9 de agosto de 2009
CHIHUAHUA, OPERACIÓN FALLIDA.
RIO DOCE
Promueven la autodefensa en Ciudad Juárez; a cada quien una arma
Evangelina Hernández/ El Universal
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Bertha llegó a su departamento. Había quedado de verse con una pareja interesada en comprarle el inmueble que hacía meses trataba de vender. Eran las 11:45 de la mañana cuando vio que se estacionaba una camioneta Suburban fuera del edificio. Minutos después tocaron a la puerta.
Al abrir, cuatro hombres la empujaron hacia la sala vacía y le ordenaron: “Desde ahora este departamento es nuestro. Pídele a tu esposo que te traiga las escrituras, las endosas a este nombre —le entregaron un papel con los datos— y te vas a la chingada para siempre. Ya sabemos tu dirección, los nombres y horarios de tus hijos, más te vale quedarte calladita”.
Así terminó el esfuerzo de 15 años en que Bertha pagó mes tras mes un departamento que perdió en pocas horas.
La impotencia y el coraje de no poder impedir que la despojaran de su patrimonio no la dejan dormir en paz; ha bajado de peso y está haciendo planes para “largarme de Juárez y no volver jamás. Ya ni los militares pudieron ayudarnos”.
La lista de historias de víctimas de la delincuencia es casi tan larga como el censo de la ciudad, dice Armando Valenzuela, fundador del comité ciudadano Juarenses por la Paz.
Comenta que por su labor como cirujano en la sala de emergencias del Hospital General de Juárez, ha pasado días y noches tratando de salvar a los heridos de las balaceras que diario escenifican bandas de delincuentes en las calles de la ciudad.
Promueven la autodefensa en Ciudad Juárez; a cada quien una arma
Evangelina Hernández/ El Universal
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Bertha llegó a su departamento. Había quedado de verse con una pareja interesada en comprarle el inmueble que hacía meses trataba de vender. Eran las 11:45 de la mañana cuando vio que se estacionaba una camioneta Suburban fuera del edificio. Minutos después tocaron a la puerta.
Al abrir, cuatro hombres la empujaron hacia la sala vacía y le ordenaron: “Desde ahora este departamento es nuestro. Pídele a tu esposo que te traiga las escrituras, las endosas a este nombre —le entregaron un papel con los datos— y te vas a la chingada para siempre. Ya sabemos tu dirección, los nombres y horarios de tus hijos, más te vale quedarte calladita”.
Así terminó el esfuerzo de 15 años en que Bertha pagó mes tras mes un departamento que perdió en pocas horas.
La impotencia y el coraje de no poder impedir que la despojaran de su patrimonio no la dejan dormir en paz; ha bajado de peso y está haciendo planes para “largarme de Juárez y no volver jamás. Ya ni los militares pudieron ayudarnos”.
La lista de historias de víctimas de la delincuencia es casi tan larga como el censo de la ciudad, dice Armando Valenzuela, fundador del comité ciudadano Juarenses por la Paz.
Comenta que por su labor como cirujano en la sala de emergencias del Hospital General de Juárez, ha pasado días y noches tratando de salvar a los heridos de las balaceras que diario escenifican bandas de delincuentes en las calles de la ciudad.
miércoles, 27 de mayo de 2009
El Ejército no confía en el PRD... Más militares a seguridad pública…
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
En las oficinas del alto mando militar, el consenso en contra de figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) va más allá de las meras sospechas y se extiende hasta formar una línea de acción en la que algunas figuras del sol azteca son percibidas como non gratas para las fuerzas armadas.
En las oficinas del alto mando militar, el consenso en contra de figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) va más allá de las meras sospechas y se extiende hasta formar una línea de acción en la que algunas figuras del sol azteca son percibidas como non gratas para las fuerzas armadas.
Esto ocurre con frecuencia y se plasma en informes confidenciales que llegan al alto mando, pero sobre todo en la percepción -casi doctrinaria- de que el perredismo en el ejercicio del poder equivale a avalar una catástrofe.
En ese tenor, las investigaciones en torno a la actuación de miembros de ese partido van envueltas en una nube de sospechas y con un tratamiento que ubica de antemano a sus líderes bajo un velo en el que todo es posible y hasta creíble.
Ocurrió cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) atacó ductos de Pemex.
Las primeras tarjetas informativas enviadas al alto mando señalaban que no había que descartar la acción de comandos ligados al PRD, en el contexto de protestas relacionadas por resultados electorales dudosos.
Antes, durante los violentos días de la APPO en Oaxaca, la trama erala misma: perredistas coludidos con eperristas y sindicalistas y …
La misma especie surgió la noche del ataque con granadas ocurrido en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre pasado. Comandos o grupos de choque afines a facciones perredistas o simpatizantes de ese partido podían estar detrás de lo sucedido, se señalaba en las oficinas de la Defensa Nacional.
Algo similar ocurre ahora con los casos de Zacatecas y Michoacán, en donde el golpeo a las administraciones perredistas de Amalia García y de Leonel Godoy es inédito y va cargado, a querer o no, de un tufo político que al final termina exhibiendo por igual a los mandatarios estatales que al ejecutivo federal.
En ambos casos, el alto mando ha tenido en su poder reportes, informes y datos de toda índole acerca de la penetración del narco en muchos aspectos de la vida en esas entidades.
Hace casi un año, Amalia García vivió los embates del cartel del Golfo que la presionó para que la gobernadora se hiciera a un lado y permitiera a los Zetas manejar el Palenque durante la Feria Nacional de Zacatecas 2008.
La reiterada negativa de la perredista fue seguida de persecuciones y de un intento de secuestro que culminó con la gobernadora pidiendo la protección y el abrigo de la comandancia de la 11 Zona Militar, en Guadalupe, para escapar de asedio del Golfo.
Durante dos semanas la gobernadora se ocultó en las instalaciones de la zona militar ante el asedio, documentado, de la gente de los Zetas.
En ese lapso, el Ejército actuó para golpear a ese grupo en la misma ciudad de Guadalupe, en donde realizó cateos y detenciones de sicarios de esa organización.
Amalia regresó a sus labores, algo cambiada, con un nuevo look, y con la triste certeza de que las cosas iban a ser muy diferentes desde entonces en su estado.
Y así fue.
Y así fue.
En la escena de las desconfianzas militares está ahora Leonel Godoy, de quien existen datos de inteligencia y un seguimiento, un perfil sobre sus acciones y comportamiento como mandatario de Michoacán.
Pero los datos sobre el gobernador también llevan el sello de la desconfianza.
CENTINELA…
Alfa.- La SEDENA prepara nuevos movimientos y remociones de jefes de seguridad pública en varios puntos de país a los que llegaran muy pronto generales y coroneles retirados para sumar elementos castrenses al esquema de seguridad del país.
Bravo.- Está prácticamente conformado el grupo especial de la SEDENA que actuará en tres estados (Durango, Sinaloa y Chihuahua) para perseguir a sicarios de los cárteles de la droga que han “levantado” y asesinado a militares en misiones de combate al narcotráfico.
Sólo falta que el general Galván designe al general (también retirado) que encabezará a ese grupo integrado por 500 elementos, muchos de ellos en retiro.
jueves, 21 de mayo de 2009
Advertencias al general Galván… Amalia, Monreal, el narco…
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Los meses de aparente calma tras la oleada de violencia desatada por los cárteles de la droga, se terminaron.
“La Nueva Alianza”, grupo supuestamente creado a partir de un reciente pacto entre Los Zetas y los hermanos Beltrán Leyva, acaba de hacer su aparición con un mensaje directo al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, para que dos de sus oficiales dejen de proteger a La Familia Michoacana en el estado de Guerrero.
La saturación de tropas en Ciudad Juárez, Chihuahua, la persecución y caída de hijos de capos, de operadores y lugartenientes –fácilmente reemplazables por las estructuras del narco– ceden paso ahora a una nueva etapa de intimidación, reposicionamiento y forcejeo en la que los militares son el objetivo de los sicarios.
Los narcomensajes colocados en mantas, antes crípticos y burlones, son en estos días supuestas denuncias contra la corrupción de oficiales del Ejército Mexicano, señalados por los propios narcos de brindar protección y cobertura a la competencia.
Los recados abiertos a la opinión pública llevan sobre todo un destinatario claro y de muy alto nivel: el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA).
“La Nueva Alianza”, organización aparentemente formada por la gente de los hermanos Beltrán Leyva y por los Zetas, dejó el narcomensaje para el titular de la Defensa Nacional junto a las cabeza de tres hombres (dos civiles y un policía) ejecutados en el estado de Guerrero con los límites de Michoacán.
Sin códigos negros o rojos, los cárteles le advierten a Galván sobre el involucramiento de el Teniente Coronel de Artillería JOSÉ ALFREDO ZEPEDA ZOTO (sic) y el Capitán de Infantería ALFREDO GALEANA (“LA VACA”), señalados por supuestamente recibir dinero de La Familia Michoacana.
Sobre una cartulina fosforecente, se lee la primera advertencia dirigida al general Galván Galván en la que no sólo se dan nombres, grados, adscripción y hasta los números de celular de los militares acusados, sino que también se deja implícito que la suerte de estos oficiales está echada, que la gente de “La Nueva Alianza” los tiene ubicados y que cualquier cosa puede ocurrirles.
En esta etapa, la naciente organización de conveniencia creada por los Zetas y los Beltrán buscará mantener el control de rutas y zonas en una de las entidades más militarizadas de México, como lo es el estadio de Guerrero.
En ese estado, al que le corresponde la IX Región Militar, hay al menos 7 mil 600 efectivos del Ejército Mexicano desde 2007. El detalle de la estructura operativa en Guerrero elaborado por la SEDENA indica que bajo el mando del general ENRIQUE JORGE ALONSO GARRIDO hay otros 9 generales (en total son 10).
Debajo de estos mandos hay una estructura integrada por 136 jefes; 789 oficiales y 6 mil 695 soldados, para un total de 7, 630 elementos en esa región militar, que engloba a la 27 (El Ticui) y a la 35 (Chilpancingo) Zonas Militares de Guerrero.
Este campo de batalla se presenta como un nuevo dolor de cabeza para la SEDENA. Los vientos que presagian mayor violencia están inscritos en la cartulina hallada el 19 de mayo sobre la carretera que va de Guerrero, a Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Ese día la procuraduría estatal guerrerense localizó e identificó tres cabezas humanas abandonadas en el tramo carretero. Se trataba de los taxistas José Alanis Solís de 34 años y originario de Chilpancingo, quien radicaba en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, igual que Valentín de la O García, de 38 años.
El tercer ejecutado era Fermín Gómez Valenzuela, de 26 años, policía activo en La Unión, Guerrero.
Junto a ellos, el mensaje dirigido a Galván:
"Aquí están tus informantes secretario de la Defensa Nacional sigue recibiendo dinero de la Familia Michoacana, especialmente el teniente coronel José Alfaro Zepeda Zoto (sic) del 4º grupo de morteros tu tel 8115004418 y para ti capitán Alfredo Galeana alias La Vaca 7531032500 no apoyen asesinos cuiden su nación ATTE Beltran Leyba (sic) A, Cartel del Golfo Z, Nueva Alianza".
Se esperan días intensos para los militares en Guerrero.
EXPEDIENTES ABIERTOS
El affaire Zacatecas tiene mucha tela de dónde cortar. Los organismos de inteligencia comienzan a sacra al sol parte de los expedientes con que cuentan para aclarar el panorama en la conflictiva tierra gobernada por la perredista Amalia García y reclamada a su vez por el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.
Mientras la PGR mantiene viva la indagatoria en torno a los hermanos Cándido y David Monreal por las 14 toneladas de droga halladas en enero de este año en la bodega de chiles abandonada propiedad del primero, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) analiza los datos de inteligencia con que cuenta y se acerca a un reporte preliminar sobre el caso
El problema es que los resultados parecen no ser nada satisfactorios para algunos de los colaboradores de la mandataria estatal del sol azteca.
Al menos dos de ellos aparecen con inquietantes antecedentes peculiares en su paso por varios cargos públicos en Tamaulipas.
martes, 19 de mayo de 2009
En Zacatecas, fuego vs. fuego… Golpe a la Sedena…
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La fuga de 53 reclusos de alta peligrosidad ocurrida el pasado sábado 16 de mayo en el penal de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas, constituye un severo golpe del crimen organizado no solo a las fuerzas armadas, sino también al gobierno mexicano.
Una vez más, las estructuras de inteligencia civil y militar fallaron en sus misiones al mostrarse incapaces de armar escenarios y proyecciones sobre la paulatina reclusión de integrantes del crimen organizado en prisiones de muy bajo perfil y raquíticos controles de seguridad.
Ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ICISEN) ni el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) o las secciones Segunda (Inteligencia) y Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico) o la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) con su flamante equipo de especialistas castrenses fueron capaces de advertir que algo así sucedería, sobre todo en un sitio como el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Cieneguillas, más parecido a una granja de rehabilitación que a una cárcel.
Hasta antes de la operación de rescate de los 53 reclusos, el CERESO contaba con una población 771 internos (para un límite de 724) en el que prácticamente la mitad de sus ocupantes estaban presos por delitos del fuero federal, especialmente por narcotráfico (en la modalidad de transporte en trailers), acopio de armas, delincuencia organizada y homicidio.
Paulatinamente comenzaron a ser enviados por jueces federales de Zacatecas grupos de sicarios y operadores del cartel del Golfo, detenidos en operativos antidroga efectuados en los últimos tres años en el norte del país.
LA VIDA LENTA
Así, creció la población en el CERESO hasta llegar a 387 internos con delitos del fuero común y 384 del fuero federal, destacando de este grupo los relacionados con el narcotráfico. En Cieneguillas llegó a haber también reclusos desertores del Ejército (uno de ellos con el grado de Coronel) que pilotearon aeronaves para organizaciones criminales.
Este abanico, este coctail explosivo nunca fue ameritó un seguimiento por parte del gobierno federal, pese a que hubo advertencias de la gobernadora zacatecana Amalia García –a todas luces insuficientes– sobre la saturación y naturaleza de los reos de ese lugar.
El perfil de seguridad de Cieneguillas comenzó a desmoronarse meses después de la llegada de gobernadora perredista al poder, en 2005.
Nunca fue un secreto para propios y extraños la forma en que se daba el abasto de droga al interior del penal, ya sea mediante pequeños embarques de cocaína o mariguana disfrazada en alimentos los días de visita, o bien en los aparatos electrónicos que los familiares llevan a sus reclusos.
Alimentos, ropa y aparatos son revisados siempre por los custodios y sus jefes a manera de eufemístico “control” de aduanas. Las visitas son revisadas en ocho accesos cerrados (cuatro y cuatro).
Tres filtros más colocados en dos pasillos cortos en los que se revisan los sellos de agua y tinta colocados en los antebrazos, son el preámbulo de la última reja que se abre para dejar ver al frente y abajo a la izquierda uno de los restaurantes alquilados por los jefes del penal a quien deseé explotarlo y sacar algo del minúsculo comedor con sus mesas y sillas de plástico.
A la izquierda del complejo hay una cancha de futbol; a la derecha, canchas de basquetbol, planchas de concreto convertidas en parque de diversiones para los niños y niñas que van de visita. Motonetas y cochecitos de batería y algunos de madera entretienen por unos cuantos pesos a los pequeños.
Frente a ellos están dos secciones de comedores y misceláneas que venden de todo. Al fondo, más allá de las canchas de basquetbol, están los baños y junto a los comedores y tiendas está la capilla al aire libre. Cruzando la explanada aparecen los “cañones”, los helados y antihigiénicos dormitorios de los internos.
En algunos de ellos se ubican los talleres en los que se hace carpintería, pintura, repujado y sobre todo el piteado de cinturones y sillas de montar que a algunos les deja buen dinero y sobre todo muy buenas relaciones.
FUEGO AL FUEGO
En medio de esa parafernalia de la vida ruda, de la vida narca, decenas de internos alelados por la droga montan guardia en la entrada, al pie de las escaleras para llevarse unos pesos por ir a buscar al familiar visitado. Toda la lana es para la droga allá adentro.
A ese mundo que transcurría lento y pesado en tiempos de sequía, e implacable y quebradizo en el invierno, llegaron poco a poco los sicarios y operadores del Golfo.
Luego, ente el 2004, aparecieron las visitas extrañas y frecuentes; las Hummer H2 de amarillo chillante y placas de Texas que iban y venían los sábados y domingos por la carretera desde Fresnillo y a veces desde la capital del estado.
Después comenzaron los traslados fuera de tiempo a juzgados y revisiones fuera de Cieneguillas, y con ellos empezaron las desapariciones de reos que se esfumaban en el aire.
No tardó mucho en darse la detención de custodios y jefes y funcionarios mayores que acabaron bajo proceso allí mismo, pero lejos de la población general. Nadie les iba a garantizar la vida si los mandaban a los cañones con la gente a la que mandaron detener.
De todo este panorama, el gobierno federal parece no haber logrado ningún aprendizaje.
Lo más grave de todo esto sea quizá no tanto la fuga de los Zetas, sino la facilidad del operativo, el descuido, la falta de controles, de mecanismos de seguridad, de inteligencia y de evaluación de escenarios de riesgo que hoy tienen al gobierno panista de Felipe Calderón, y al perredista de Amalia García, tratando de asimilar un golpe certero y potente del crimen organizado que rebasa los logros militares y civiles alcanzados hace unas semanas y meses con las detenciones de notables hijos de narcotraficantes y el aseguramiento de más de un centenar de narco laboratorios en Michoacán.
Sin disparar un solo tiro, apoyados por un helicóptero, equipados con radios encriptados y con base en un trabajo coordinado que se ensayó una y otra vez, los Zetas terminaron por exhibir otra vez a un gobierno que además de carecer de una estrategia clara contra el narco, ahora muestra las fracturas severas y las limitaciones operativas y de coordinación de sus organismos de inteligencia.
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La fuga de 53 reclusos de alta peligrosidad ocurrida el pasado sábado 16 de mayo en el penal de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas, constituye un severo golpe del crimen organizado no solo a las fuerzas armadas, sino también al gobierno mexicano.
Una vez más, las estructuras de inteligencia civil y militar fallaron en sus misiones al mostrarse incapaces de armar escenarios y proyecciones sobre la paulatina reclusión de integrantes del crimen organizado en prisiones de muy bajo perfil y raquíticos controles de seguridad.
Ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ICISEN) ni el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) o las secciones Segunda (Inteligencia) y Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico) o la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) con su flamante equipo de especialistas castrenses fueron capaces de advertir que algo así sucedería, sobre todo en un sitio como el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Cieneguillas, más parecido a una granja de rehabilitación que a una cárcel.
Hasta antes de la operación de rescate de los 53 reclusos, el CERESO contaba con una población 771 internos (para un límite de 724) en el que prácticamente la mitad de sus ocupantes estaban presos por delitos del fuero federal, especialmente por narcotráfico (en la modalidad de transporte en trailers), acopio de armas, delincuencia organizada y homicidio.
Paulatinamente comenzaron a ser enviados por jueces federales de Zacatecas grupos de sicarios y operadores del cartel del Golfo, detenidos en operativos antidroga efectuados en los últimos tres años en el norte del país.
LA VIDA LENTA
Así, creció la población en el CERESO hasta llegar a 387 internos con delitos del fuero común y 384 del fuero federal, destacando de este grupo los relacionados con el narcotráfico. En Cieneguillas llegó a haber también reclusos desertores del Ejército (uno de ellos con el grado de Coronel) que pilotearon aeronaves para organizaciones criminales.
Este abanico, este coctail explosivo nunca fue ameritó un seguimiento por parte del gobierno federal, pese a que hubo advertencias de la gobernadora zacatecana Amalia García –a todas luces insuficientes– sobre la saturación y naturaleza de los reos de ese lugar.
El perfil de seguridad de Cieneguillas comenzó a desmoronarse meses después de la llegada de gobernadora perredista al poder, en 2005.
Nunca fue un secreto para propios y extraños la forma en que se daba el abasto de droga al interior del penal, ya sea mediante pequeños embarques de cocaína o mariguana disfrazada en alimentos los días de visita, o bien en los aparatos electrónicos que los familiares llevan a sus reclusos.
Alimentos, ropa y aparatos son revisados siempre por los custodios y sus jefes a manera de eufemístico “control” de aduanas. Las visitas son revisadas en ocho accesos cerrados (cuatro y cuatro).
Tres filtros más colocados en dos pasillos cortos en los que se revisan los sellos de agua y tinta colocados en los antebrazos, son el preámbulo de la última reja que se abre para dejar ver al frente y abajo a la izquierda uno de los restaurantes alquilados por los jefes del penal a quien deseé explotarlo y sacar algo del minúsculo comedor con sus mesas y sillas de plástico.
A la izquierda del complejo hay una cancha de futbol; a la derecha, canchas de basquetbol, planchas de concreto convertidas en parque de diversiones para los niños y niñas que van de visita. Motonetas y cochecitos de batería y algunos de madera entretienen por unos cuantos pesos a los pequeños.
Frente a ellos están dos secciones de comedores y misceláneas que venden de todo. Al fondo, más allá de las canchas de basquetbol, están los baños y junto a los comedores y tiendas está la capilla al aire libre. Cruzando la explanada aparecen los “cañones”, los helados y antihigiénicos dormitorios de los internos.
En algunos de ellos se ubican los talleres en los que se hace carpintería, pintura, repujado y sobre todo el piteado de cinturones y sillas de montar que a algunos les deja buen dinero y sobre todo muy buenas relaciones.
FUEGO AL FUEGO
En medio de esa parafernalia de la vida ruda, de la vida narca, decenas de internos alelados por la droga montan guardia en la entrada, al pie de las escaleras para llevarse unos pesos por ir a buscar al familiar visitado. Toda la lana es para la droga allá adentro.
A ese mundo que transcurría lento y pesado en tiempos de sequía, e implacable y quebradizo en el invierno, llegaron poco a poco los sicarios y operadores del Golfo.
Luego, ente el 2004, aparecieron las visitas extrañas y frecuentes; las Hummer H2 de amarillo chillante y placas de Texas que iban y venían los sábados y domingos por la carretera desde Fresnillo y a veces desde la capital del estado.
Después comenzaron los traslados fuera de tiempo a juzgados y revisiones fuera de Cieneguillas, y con ellos empezaron las desapariciones de reos que se esfumaban en el aire.
No tardó mucho en darse la detención de custodios y jefes y funcionarios mayores que acabaron bajo proceso allí mismo, pero lejos de la población general. Nadie les iba a garantizar la vida si los mandaban a los cañones con la gente a la que mandaron detener.
De todo este panorama, el gobierno federal parece no haber logrado ningún aprendizaje.
Lo más grave de todo esto sea quizá no tanto la fuga de los Zetas, sino la facilidad del operativo, el descuido, la falta de controles, de mecanismos de seguridad, de inteligencia y de evaluación de escenarios de riesgo que hoy tienen al gobierno panista de Felipe Calderón, y al perredista de Amalia García, tratando de asimilar un golpe certero y potente del crimen organizado que rebasa los logros militares y civiles alcanzados hace unas semanas y meses con las detenciones de notables hijos de narcotraficantes y el aseguramiento de más de un centenar de narco laboratorios en Michoacán.
Sin disparar un solo tiro, apoyados por un helicóptero, equipados con radios encriptados y con base en un trabajo coordinado que se ensayó una y otra vez, los Zetas terminaron por exhibir otra vez a un gobierno que además de carecer de una estrategia clara contra el narco, ahora muestra las fracturas severas y las limitaciones operativas y de coordinación de sus organismos de inteligencia.
jueves, 14 de mayo de 2009
El enojo de los militares… La amnesia de De la Madrid…
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
(AUDIOS DE LA ENTREVISTA A MIGUEL DE LA MADRID)
SEDENA-CISEN… DESENCUENTROS
Las revelaciones periodísticas de Milenio sobre la torpe y extraña licitación convocada por el máximo órgano de la inteligencia civil del país para asegurar bienes muebles e inmuebles, no solo han repercutido en varias direcciones y oficinas de la Secretaría de Gobernación.
Uno de sus impactos más duros ha sido en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde al menos 10 militares están asignados al control e intercambio de información sensible sobre crimen organizado, terrorismo y tráfico de armas.
Los nombres de los militares, cuyos grados van desde tenientes hasta capitanes primeros, aparecieron en la página del sistema Compranet y estuvieron ahí durante seis meses hasta el día de ayer, cuando Segob ordenó que toda la información fuera retirada del sitio.
Para la Sedena el problema a raíz de la monumental y extraña pifia de Gobernación, radica non solo en la identidad de sus hombres al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sino en el status de sus jefes y oficiales.
Esto, porque los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) que están adscritos al CISEN sí cuentan con el beneficio de mantener su identidad y datos en un sistema de encriptación, por lo cual la información sobre ellos no fue difundida en Compranet.
No ocurrió lo mismo con los oficiales de la Sedena. Sus datos básicos están ahí y a ellos tuvo acceso quien logró enterarse de la fallida y maloliente licitación convocada, porque la Ley de la Administración Pública Federal exime a la Sedena, a la Armada de México, a la PGR, a la SSP, a la PFP y al CISEN de hacer públicas las licitaciones que requieran, precisamente para no vulnerar la secrecía de la información manejada.
Por el momento la Sedena no cambiará a su gente, aunque se espera una muy probable y obvia reasignación de sus elementos para evitar situaciones graves y problemas mayores con ellos.
Además, el Ejército acababa de entregarle a la Segob un estudio especial, una Guía de Riesgos en la que se determinaban las vulnerabilidades y puntos a fortalecer en la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont.
Pero el asunto tiene más tela de donde cortar, ya que el affaire CISEN también exhibió la limitaciones de la propia Sedena que tampoco fue capaz de enterarse durante …¡seis meses! de la abismal torpeza del CISEN y Segob.
INCAPAZ, MAS ALLA DE LOS PINOS
Los hilos más tensos y tenebrosos del viejo sistema priista se activaron ayer como pocas veces ocurrió en los años dorados de la dictadura perfecta.
Los monosílabos, las frases escuetas aunque claras y coherentes de Miguel de la Madrid Hurtado, oscuro y mediocre mandatario entre 1982 y 1988, cimbraban el ánimo de un par de generaciones de políticos del Revolucionario Institucional, de varias familias intocables y de decenas de ex policías y gente de la milicia conforme respondía a las preguntas de la periodista Carmen Aristegui sobre las corruptelas de los hermanos Salinas de Gortari.
La tragicomedia en que acabó convirtiéndose el asalto priista a la razón, que comenzó con los desatinos y audacias de Luis Tellez Kunzler al señalar que Carlos Salinas se había robado la partida secreta de la Presidencia de la República, continuó con la demostración de cinismo de Carlos Ahumada en su libro de santos contra pecadores.
El siguiente episodio lo protagonizó Roberto Madrazo Pintado, frustrado ex candidato a la Presidencia, cuestionable maratonista y lamentable publicista de sus propias obras, al señalar deslizar acusaciones sobre el involucramiento de los ex mandatarios Ernesto Zedillo y Vicente Fox con los cárteles de la droga.
A mayor abundancia, el tabasqueño señaló con todas sus letras que Zedillo negoció con la gente del cartel de Juárez y que Fox había pactado con los líderes del cartel de Sinaloa.
No está claro si los señalamientos motivaron a Carmen Aristegui a buscar el encuentro con De la Madrid o si éste fue quien seleccionó a la periodista para decir lo que dijo y que luego, burda y penosamente, negó haber dicho horas después de difundida la entrevista.
De inmediato, lo viejos hombres duros del priismo militante y de la tenebra contactaron a la gente adecuada para hacerle saber al ex presidente gris, de todas las formas posibles –por las buenas y por las peores– que también tenía un pasado muy difícil de explicarle a propios y extraños.
El affaire Salinas fue desactivado en menos de 24 horas, entre el estupor de la clase política , el susto de los beneficiarios oscuros del sexenio de los Salinas y la incomodidad del panismo que todo lo pacta.
…………………………………..
lunes, 11 de mayo de 2009
Código Rojo en Durango. Sedena crea grupo especial vs. sicarios.
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
El radiograma en el que se detallaba el hallazgo de otros dos militares ejecutados por sicarios del narcotráfico, ahora en Durango, llegó de inmediato a las manos del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con la confirmación de la muerte de los tenientes José Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez, ejecutados a tiros en un paraje cercano al poblado de Guanaceví.
Por eso la reacción de los mandos militares fue inusitada y se ordenó la formación de un grupo especial de búsqueda y rastreo para dar a la brevedad con los responsables de los asesinatos a tiros de los dos oficiales.
La doble ejecución ocurrió el 21 de abril, tan solo tres días después de que el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, abriera la boca para comentar en una conferencia de prensa que el Chapo Guzmán vivía cerca, precisamente en Guanaceví, que todo el mundo en el estado lo sabía menos la autoridad federal.
Se equivocó Monseñor. La Sedena lo sabía y por eso el nerviosismo de los sicarios que cuidaban las espaldas del líder del cártel de Sinaloa, que se sintieron muy incómodos con la presencia de los tenientes cerca de Guanaceví.
Los múltiples “halcones” con que cuenta el narco les indicaron que los tenientes andaban cerca y que ya tenían tiempo en la zona.
Lo cierto es que los militares estaban bajo la mira de sicarios civiles y de ex compañeros de armas quienes lo estaban triangulando, porque acababan de enviarlos desde Tamazula y Santiago Papasquiaro hacia las inmediaciones de Guanaceví para conocer detalles sobre el diseño de una operación en Durango.
Al parecer todo se precipitó por las declaraciones del Arzobispo. La Sedena ya había avanzado en la operación, al menos en los primeros pasos del planeo, cuando el prelado abrió la boca y sacudió a la gente de Sinaloa.
Los reportes de inteligencia de la Sedena indican que las cosas se precipitaron y que los sicarios no esperaron más; las declaraciones de González Martínez y la presencia de los tenientes fueron demasiada coincidencia.
Decidieron cortar por lo sano y eliminar a los militares que ese día estaban francos, de descanso.
Dos días después de las ejecuciones y tras las evaluaciones del alto mando, se decidió no solo agrupar a un par de secciones del 71 Regimiento de Infantería para peinar la zona y rastrear a los asesinos.
El alto mando fue más allá y ordenó la creación de un grupo especial para dar con los ejecutores, solo que hubo un inconveniente: todos los grupos especiales estaban asignados a operaciones en proceso en el norte y occidente del país o estaban en adiestramiento.
Si no había gente disponible entonces había que conseguirla entre los que más experiencia tuvieran. La solución del alto mando fue crear una especie de batallón integrado por 500 hombres, 500 militares en retiro que poco a poco se han ido integrando al grupo desde hace casi un mes.
Dicha unidad no está completa aún, pero se sabe que un general brigadier en retiro la encabezará, y que con él estarán varios oficiales que hace un par de años habían dejado el servicio activo.
El Ejército sigue buscando a los asesinos de los tenientes José Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez, porque no se trataba de militares comunes y corrientes.
Lo hace intentando conjuntar una fuerza de 500 hombres, casi un batallón, porque sabe bien que cuando los encuentre su captura no será precisamente un día de campo.
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
El radiograma en el que se detallaba el hallazgo de otros dos militares ejecutados por sicarios del narcotráfico, ahora en Durango, llegó de inmediato a las manos del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con la confirmación de la muerte de los tenientes José Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez, ejecutados a tiros en un paraje cercano al poblado de Guanaceví.
Por eso la reacción de los mandos militares fue inusitada y se ordenó la formación de un grupo especial de búsqueda y rastreo para dar a la brevedad con los responsables de los asesinatos a tiros de los dos oficiales.
La doble ejecución ocurrió el 21 de abril, tan solo tres días después de que el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, abriera la boca para comentar en una conferencia de prensa que el Chapo Guzmán vivía cerca, precisamente en Guanaceví, que todo el mundo en el estado lo sabía menos la autoridad federal.
Se equivocó Monseñor. La Sedena lo sabía y por eso el nerviosismo de los sicarios que cuidaban las espaldas del líder del cártel de Sinaloa, que se sintieron muy incómodos con la presencia de los tenientes cerca de Guanaceví.
Los múltiples “halcones” con que cuenta el narco les indicaron que los tenientes andaban cerca y que ya tenían tiempo en la zona.
Lo cierto es que los militares estaban bajo la mira de sicarios civiles y de ex compañeros de armas quienes lo estaban triangulando, porque acababan de enviarlos desde Tamazula y Santiago Papasquiaro hacia las inmediaciones de Guanaceví para conocer detalles sobre el diseño de una operación en Durango.
Al parecer todo se precipitó por las declaraciones del Arzobispo. La Sedena ya había avanzado en la operación, al menos en los primeros pasos del planeo, cuando el prelado abrió la boca y sacudió a la gente de Sinaloa.
Los reportes de inteligencia de la Sedena indican que las cosas se precipitaron y que los sicarios no esperaron más; las declaraciones de González Martínez y la presencia de los tenientes fueron demasiada coincidencia.
Decidieron cortar por lo sano y eliminar a los militares que ese día estaban francos, de descanso.
Dos días después de las ejecuciones y tras las evaluaciones del alto mando, se decidió no solo agrupar a un par de secciones del 71 Regimiento de Infantería para peinar la zona y rastrear a los asesinos.
El alto mando fue más allá y ordenó la creación de un grupo especial para dar con los ejecutores, solo que hubo un inconveniente: todos los grupos especiales estaban asignados a operaciones en proceso en el norte y occidente del país o estaban en adiestramiento.
Si no había gente disponible entonces había que conseguirla entre los que más experiencia tuvieran. La solución del alto mando fue crear una especie de batallón integrado por 500 hombres, 500 militares en retiro que poco a poco se han ido integrando al grupo desde hace casi un mes.
Dicha unidad no está completa aún, pero se sabe que un general brigadier en retiro la encabezará, y que con él estarán varios oficiales que hace un par de años habían dejado el servicio activo.
El Ejército sigue buscando a los asesinos de los tenientes José Antonio Cabrera Rosas y Jesús Sánchez Meléndez, porque no se trataba de militares comunes y corrientes.
Lo hace intentando conjuntar una fuerza de 500 hombres, casi un batallón, porque sabe bien que cuando los encuentre su captura no será precisamente un día de campo.
jueves, 7 de mayo de 2009
Gastará mas de 3 mil millones de dólares en helicópteros.
Helicóptero EC-725 Cougar, para transporte de tropas y operaciones especiales.
REBASÓ SEDENA PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LUCHA ANTIDROGAS.
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Los costos de la lucha contra los cárteles de la droga se elevan en todas las áreas del gobierno federal, sobre todo en la de defensa, que soporta el peso de una estrategia de combate fracturada, contradictoria, escasa o nulamente medible, salvo por la recurrente cascada de cifras y datos duros oficiales manejados a diestra y siniestra por militares, policías y civiles en el poder.
Al reto que significan el poder de cooptación y penetración de los cárteles se suman las deserciones militares y ahora el poder de fuego de sicarios, que intenta ser mermado con iniciativas y acercamientos entre México y los Estados Unidos.
Esta arte de la agenda antidrogas tiene costos muy altos, costos en efectivo que ya superaron los 43 mil 623 millones de pesos que la Sedena tenía contemplados para ser ejercidos durante este año.
Tal cantidad, la mayor que se le ha asignado a la dependencia en su historia, no fue suficiente para detener la caída en picada que sufre la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), cuyos helicópteros Mi-17 pertenecientes al Escuadrón Aéreo 303 parecen haber quedado fuera de circulación (y de combate).
Por eso, desde finales de 2008, los asesores del general Galván le aconsejaron promover en los primeros meses de este año una vigorosa ampliación al presupuesto para comprar seis helicópteros franceses EC-725 Cougar por un monto aproximado de 3 mil 019 millones y medio de pesos.
La compra de estos aparatos avanzados que se usarán para transporte de Fuerzas Especiales y para apoyo eventual al Plan DN-IIIE, llevó el presupuesto militar hasta poco más de los 47 mil millones de pesos, es decir, un sobre giro obligado por dos razones: la inoperancia de los 24 aparatos Mi-17 del EA 303, y la superioridad de fuego del narco en operaciones especiales en las que el Ejército ha salido mal librado al intentar detener a los verdaderos capos de la droga.
Por eso la Sedena pidió al gobierno de Francia que tres de los aparatos Cougar estuvieran equipados con lanzacohetes, ametralladoras calibre 0.50 mm y 7.62 mm, blindaje parcial y faros de luz infrarroja.
De hecho, la mitad de la actual flota de naves Mi-17 está desmantelada y “encapuchada” a un costado de la pista principal de la Base Aérea Militar Número 1 (BAM 1), en Santa Lucía, Estado de México, sirviendo como una especie de “refaccionaria” en la que se desguazan (desarman) los aparatos para colocar piezas utilizables en helicópteros que presenten menos problemas y puedan seguir volando.
Reportes internos contenidos en la justificación económica para la compra de los Vougar, señalan que “la Fuerza Aérea Mexicana tiene en este momento dos helicópteros tipo MI-17 con más de 20 años de vida operativa, cuatro con solamente un año de vida útil, tres con dos años de vida útil y uno con tres años; quedando solamente nueve helicópteros con 10 años de vida útil”.
Además, señala el texto, “los equipos de comunicación y navegación que tienen instalados dichas aeronaves son obsoletos y de difícil reposición o reparación en comparación con las unidades modernas”.
DE ORDEN SUPERIOR obtuvo de la Sedena varias respuestas mediante la Ley Federal de Acceso a la Información Pública acerca de la compra de los aparatos Cougar, su precio, las fechas de entrega y las condiciones y razones por las que fueron adquiridos.
La Defensa Nacional indicó que el precio unitario de cada aeronave oscila entre los 27 millones 500 Euros y los 26 millones 540 mil Euros, dependiendo de las características de cada aeronave.
La Sedena detalló que los recursos para comprar los helicópteros Cougar se consiguieron luego de que la dependencia logró que hacienda les diera “una ampliación líquida al presupuesto de esta Secretaría, para la compra, en el mes de marzo de 2009, como una modificación al Presupuesto de Egresos inicial de esta dependencia”.
La partida presupuestal para la compra es la 5301 y el plazo para completar los pagos va de 2009 a 2012. En sus razonamientos la secretaría señala que los aparatos se compraron para “dotar a la Fuerza Aérea Mexicana de material aéreo moderno, que dé eficiencia y eficacia en las operaciones de transporte, evacuación de personal, heridos en las actividades de auxilio a la población civil, así como en actividades de seguridad pública”.
Al final, el alegato para negar información sobre las fechas de entrega de los EC-725 y clasificar esa información durante 12 años, fue el siguiente: “Daño probable; difundir la información relativa a la fecha de entrega de las aeronaves, obstaculizará (sic) o bloqueará (sic) la entrega material, impidiendo con ello la implementación de acciones o estrategias para combatir la acción delictiva”.
Además, “el crimen organizado sabría con precisión (sic) a partir de cuándo se cuenta con mejor equipo bélico, lo que daría lugar a que la delincuencia organizada, con su poder económico (sic), adquiriera material aéreo de mejores características (sic), a fin de neutralizar o bloquear el poder aéreo con que cuenta el Estado Mexicano”.
¿Hace falta agregar más?
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Los costos de la lucha contra los cárteles de la droga se elevan en todas las áreas del gobierno federal, sobre todo en la de defensa, que soporta el peso de una estrategia de combate fracturada, contradictoria, escasa o nulamente medible, salvo por la recurrente cascada de cifras y datos duros oficiales manejados a diestra y siniestra por militares, policías y civiles en el poder.
Al reto que significan el poder de cooptación y penetración de los cárteles se suman las deserciones militares y ahora el poder de fuego de sicarios, que intenta ser mermado con iniciativas y acercamientos entre México y los Estados Unidos.
Esta arte de la agenda antidrogas tiene costos muy altos, costos en efectivo que ya superaron los 43 mil 623 millones de pesos que la Sedena tenía contemplados para ser ejercidos durante este año.
Tal cantidad, la mayor que se le ha asignado a la dependencia en su historia, no fue suficiente para detener la caída en picada que sufre la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), cuyos helicópteros Mi-17 pertenecientes al Escuadrón Aéreo 303 parecen haber quedado fuera de circulación (y de combate).
Por eso, desde finales de 2008, los asesores del general Galván le aconsejaron promover en los primeros meses de este año una vigorosa ampliación al presupuesto para comprar seis helicópteros franceses EC-725 Cougar por un monto aproximado de 3 mil 019 millones y medio de pesos.
La compra de estos aparatos avanzados que se usarán para transporte de Fuerzas Especiales y para apoyo eventual al Plan DN-IIIE, llevó el presupuesto militar hasta poco más de los 47 mil millones de pesos, es decir, un sobre giro obligado por dos razones: la inoperancia de los 24 aparatos Mi-17 del EA 303, y la superioridad de fuego del narco en operaciones especiales en las que el Ejército ha salido mal librado al intentar detener a los verdaderos capos de la droga.
Por eso la Sedena pidió al gobierno de Francia que tres de los aparatos Cougar estuvieran equipados con lanzacohetes, ametralladoras calibre 0.50 mm y 7.62 mm, blindaje parcial y faros de luz infrarroja.
De hecho, la mitad de la actual flota de naves Mi-17 está desmantelada y “encapuchada” a un costado de la pista principal de la Base Aérea Militar Número 1 (BAM 1), en Santa Lucía, Estado de México, sirviendo como una especie de “refaccionaria” en la que se desguazan (desarman) los aparatos para colocar piezas utilizables en helicópteros que presenten menos problemas y puedan seguir volando.
Reportes internos contenidos en la justificación económica para la compra de los Vougar, señalan que “la Fuerza Aérea Mexicana tiene en este momento dos helicópteros tipo MI-17 con más de 20 años de vida operativa, cuatro con solamente un año de vida útil, tres con dos años de vida útil y uno con tres años; quedando solamente nueve helicópteros con 10 años de vida útil”.
Además, señala el texto, “los equipos de comunicación y navegación que tienen instalados dichas aeronaves son obsoletos y de difícil reposición o reparación en comparación con las unidades modernas”.
DE ORDEN SUPERIOR obtuvo de la Sedena varias respuestas mediante la Ley Federal de Acceso a la Información Pública acerca de la compra de los aparatos Cougar, su precio, las fechas de entrega y las condiciones y razones por las que fueron adquiridos.
La Defensa Nacional indicó que el precio unitario de cada aeronave oscila entre los 27 millones 500 Euros y los 26 millones 540 mil Euros, dependiendo de las características de cada aeronave.
La Sedena detalló que los recursos para comprar los helicópteros Cougar se consiguieron luego de que la dependencia logró que hacienda les diera “una ampliación líquida al presupuesto de esta Secretaría, para la compra, en el mes de marzo de 2009, como una modificación al Presupuesto de Egresos inicial de esta dependencia”.
La partida presupuestal para la compra es la 5301 y el plazo para completar los pagos va de 2009 a 2012. En sus razonamientos la secretaría señala que los aparatos se compraron para “dotar a la Fuerza Aérea Mexicana de material aéreo moderno, que dé eficiencia y eficacia en las operaciones de transporte, evacuación de personal, heridos en las actividades de auxilio a la población civil, así como en actividades de seguridad pública”.
Al final, el alegato para negar información sobre las fechas de entrega de los EC-725 y clasificar esa información durante 12 años, fue el siguiente: “Daño probable; difundir la información relativa a la fecha de entrega de las aeronaves, obstaculizará (sic) o bloqueará (sic) la entrega material, impidiendo con ello la implementación de acciones o estrategias para combatir la acción delictiva”.
Además, “el crimen organizado sabría con precisión (sic) a partir de cuándo se cuenta con mejor equipo bélico, lo que daría lugar a que la delincuencia organizada, con su poder económico (sic), adquiriera material aéreo de mejores características (sic), a fin de neutralizar o bloquear el poder aéreo con que cuenta el Estado Mexicano”.
¿Hace falta agregar más?
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viernes, 1 de mayo de 2009
El Ejército, a dos fuegos.
PERSISTE LA IMPUNIDAD MILITAR EN MÉXICO
El gobierno federal impulsa cambios jurídicos, pero no presiona a Sedena Y Marina para que haya reformas internas a fondo.
JORGE ALEJANDRO MEDELLIN
La emergencia de salud pública desatada por la influenza humana parecía haber dejado de lado la atención sobre la situación de los militares como responsables de violaciones y abusos a los derechos humanos en su papel de policías antinarco.
No es así. El tema venía calentándose semanas antes del brote de influenza y se había colocado como una de las agendas de urgente solución para el gobierno calderonista, presionado por el alto mando y la cúpula militar para que enviara al congreso las iniciativas que ahora le otorgan a las fuerzas armadas facultades y una identidad jurídica a prueba de todo…o casi todo.
Ese contexto, el de la lucha antidrogas en la que los militares aparecían “vulnerables” ante cualquier escenario en el que se cuestionara su actuación en operativos, retenes, puestos de control o detenciones e interrogatorios, fue la verdadera razón por la que el alto mando decidió suspender la activación formal del CUERPO DE FUERZAS DE APOYO FEDERAL (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su gobierno como un instrumento aplicable a en escenarios de desorden interno y de combate a la delincuencia organizada.
El CFAF, creado por decreto presidencial en 2007, iba a ser integrado primero por 6 mil efectivos cuyo pie veterano serían los jefes de los GAFES disueltos y reagrupados en nueve batallones en todo el país.
Pero en diciembre de ese año el alto mando ordenó suspender su activación y dispuso el cese del CFAF para el cual se necesitaban instalaciones y sobre todo un presupuesto de 1,600 millones de pesos. No hubo ni lo uno ni lo otro, y mucho menos las condiciones jurídicas parea echara a andar el proyecto.
En octubre de ese año, el alto mando intentó retomar el proyecto promoviendo de nuevo la creación de un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (ahora CEFAF) que debería contar con 10 mil efectivos.
La Sedena argumentaba ante legisladores federales que la creación de esta fuerza armada era necesaria y que se requerían de inicio 4 mil 706 millones de pesos para ser entregados a la Defensa Nacional en tres fases (de 2008 en adelante) de 1,568.8 millones de pesos cada una.
El intento fracasó, pero el general Galván no dejó en el aire la situación jurídica del Ejército y dispuso pasar a “cese” el CEFAF antes que darle vida a un ente condenado a toda clase de cuestionamientos y sin un marco legal que le permitiera actuar.
Esto sucedió entre rispideces ya que en principio el CEFAF iba a ser manejado exclusivamente por el presidente de la república a partir de diagnósticos y reportes sobre incidencia criminal fuera de control o bien en situaciones de turbulencia social.
Los asesores jurídicos de la Presidencia de la República se encontraron con el mismo panorama jurídico y decidieron cambiar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para quitarle al Comandante Supremo las atribuciones sobre el cuerpo militar, y sobre todo la responsabilidad absoluta en el manejo de esta nueva unidad de elite que tarde o temprano se vería inmersa en problemas de abuso a los derechos humanos.
La responsabilidad quedó entonces en manos del titular de la Sedena quien ante la negativa de los legisladores de crear un marco jurídico que respaldara por todos los costados la actuación de las tropas y sus mandos. Por eso ordenó el cese del CEFAF en diciembre de 2008.
Ahora, ante el nuevo escenario planteado por los cambios aprobados en el congreso y la urgencia de incrementar el poder de fuego de movilidad del Ejército, podría darse la reactivación del CEFAF.
DERECHOS HUMANOS
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el miércoles 29 de abril el informe especial “Impunidad Uniformada”, texto de 85 páginas que contiene un análisis detallado sobre el “uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.
Los integrantes de HRW señalaron durante la presentación del informe que “Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública”.
El informe revisa 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008.
Los abusos “incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos”.
El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, recuerda HRW.
En cuanto al tema de la justicia militar, la organización humanitaria indicó que “Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas”.
Se señala además que “los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte”-
El texto advierte que “la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada”, y que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
Las apreciaciones son ciertas y se suman a diversos análisis y encuestas hechos en los últimos meses, en los que el sondeo a la opinión pública ha revelado tendencias a la baja en la apreciación sobre la forma en que los militares se han desempeñado en el combate al narcotráfico.
El tema no ha quedado en el olvido. Por el contrario, los cambios jurídicos impulsados por la Presidencia de la República evidencian la ausencia total de contrapesos civiles (llámense legisladores o bien organismos de la sociedad) con los que se establezcan controles efectivos sobre las fuerzas armadas para que haya una efectiva, pronta y transparente política de rendición de cuentas.
Mientras esto no suceda, la “Impunidad Uniformada” de la que habla HRW seguirá vigente, no solo desgastando a los militares sino poniendo contra la pared a una sociedad desarmada por el crimen y amenazada por sus defensores.
No es así. El tema venía calentándose semanas antes del brote de influenza y se había colocado como una de las agendas de urgente solución para el gobierno calderonista, presionado por el alto mando y la cúpula militar para que enviara al congreso las iniciativas que ahora le otorgan a las fuerzas armadas facultades y una identidad jurídica a prueba de todo…o casi todo.
Ese contexto, el de la lucha antidrogas en la que los militares aparecían “vulnerables” ante cualquier escenario en el que se cuestionara su actuación en operativos, retenes, puestos de control o detenciones e interrogatorios, fue la verdadera razón por la que el alto mando decidió suspender la activación formal del CUERPO DE FUERZAS DE APOYO FEDERAL (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su gobierno como un instrumento aplicable a en escenarios de desorden interno y de combate a la delincuencia organizada.
El CFAF, creado por decreto presidencial en 2007, iba a ser integrado primero por 6 mil efectivos cuyo pie veterano serían los jefes de los GAFES disueltos y reagrupados en nueve batallones en todo el país.
Pero en diciembre de ese año el alto mando ordenó suspender su activación y dispuso el cese del CFAF para el cual se necesitaban instalaciones y sobre todo un presupuesto de 1,600 millones de pesos. No hubo ni lo uno ni lo otro, y mucho menos las condiciones jurídicas parea echara a andar el proyecto.
En octubre de ese año, el alto mando intentó retomar el proyecto promoviendo de nuevo la creación de un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (ahora CEFAF) que debería contar con 10 mil efectivos.
La Sedena argumentaba ante legisladores federales que la creación de esta fuerza armada era necesaria y que se requerían de inicio 4 mil 706 millones de pesos para ser entregados a la Defensa Nacional en tres fases (de 2008 en adelante) de 1,568.8 millones de pesos cada una.
El intento fracasó, pero el general Galván no dejó en el aire la situación jurídica del Ejército y dispuso pasar a “cese” el CEFAF antes que darle vida a un ente condenado a toda clase de cuestionamientos y sin un marco legal que le permitiera actuar.
Esto sucedió entre rispideces ya que en principio el CEFAF iba a ser manejado exclusivamente por el presidente de la república a partir de diagnósticos y reportes sobre incidencia criminal fuera de control o bien en situaciones de turbulencia social.
Los asesores jurídicos de la Presidencia de la República se encontraron con el mismo panorama jurídico y decidieron cambiar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para quitarle al Comandante Supremo las atribuciones sobre el cuerpo militar, y sobre todo la responsabilidad absoluta en el manejo de esta nueva unidad de elite que tarde o temprano se vería inmersa en problemas de abuso a los derechos humanos.
La responsabilidad quedó entonces en manos del titular de la Sedena quien ante la negativa de los legisladores de crear un marco jurídico que respaldara por todos los costados la actuación de las tropas y sus mandos. Por eso ordenó el cese del CEFAF en diciembre de 2008.
Ahora, ante el nuevo escenario planteado por los cambios aprobados en el congreso y la urgencia de incrementar el poder de fuego de movilidad del Ejército, podría darse la reactivación del CEFAF.
DERECHOS HUMANOS
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el miércoles 29 de abril el informe especial “Impunidad Uniformada”, texto de 85 páginas que contiene un análisis detallado sobre el “uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.
Los integrantes de HRW señalaron durante la presentación del informe que “Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública”.
El informe revisa 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008.
Los abusos “incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos”.
El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, recuerda HRW.
En cuanto al tema de la justicia militar, la organización humanitaria indicó que “Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas”.
Se señala además que “los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte”-
El texto advierte que “la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada”, y que “prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares”.
Las apreciaciones son ciertas y se suman a diversos análisis y encuestas hechos en los últimos meses, en los que el sondeo a la opinión pública ha revelado tendencias a la baja en la apreciación sobre la forma en que los militares se han desempeñado en el combate al narcotráfico.
El tema no ha quedado en el olvido. Por el contrario, los cambios jurídicos impulsados por la Presidencia de la República evidencian la ausencia total de contrapesos civiles (llámense legisladores o bien organismos de la sociedad) con los que se establezcan controles efectivos sobre las fuerzas armadas para que haya una efectiva, pronta y transparente política de rendición de cuentas.
Mientras esto no suceda, la “Impunidad Uniformada” de la que habla HRW seguirá vigente, no solo desgastando a los militares sino poniendo contra la pared a una sociedad desarmada por el crimen y amenazada por sus defensores.
sábado, 25 de abril de 2009
Radares y omisiones de altos mandos.
Publicado el 20 ABRIL 2009.
Tecnología vs. el narco...El silencio de los militares...
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Tecnología vs. el narco...El silencio de los militares...
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
En el último mes y medio se incrementaron los aseguramientos de mariguana en buena parte del país, sobre todo en el norte y noreste, en donde son más fuertes los operativos antidroga del Ejército, la PFP, la PGR, la AFI y Marina.
Son los meses de cosecha y transporte del enervante al por mayor. En una semana más comenzará el periodo de la amapola, cuyos bulbos están o deberán estar en el punto especial para la recolección del caldillo blancuzco que habrá de convertirse en goma de opio y después en heroína, la más costosa y buscada de las drogas prácticamente en cualquier latitud.
La siembra y cosecha de mariguana y amapola en casi la mitad del territorio del país en el que es posible realizar esa labor, es una muestra de una de las facetas del narcotráfico para la cual ningún gobierno, ni priista, ni panista y mucho menos perredista, tiene respuesta o solución.
En el país tenemos poco más de 31 mil millones de hectáreas cultivables, de las cuales unas 9 mil millones de hectáreas son empleadas por cárteles de la droga para la siembra de cannabis y adormidera.
En ese universo se incluyen también las 8.2 mil millones de hectáreas en las que se siembra maíz, de acuerdo con datos de Tribunal Superior Agrario (TSA).
Las cifras son del 2007 y su sola mención hoy causa escozor y una inmediata reacción de incomodidad a las autoridades que deberían encargarse de revertir estas cifras y la dramática realidad que se esconde detrás de ellas.
Hace dos años se calculaba que al menos el 30 por ciento de las tierras que podrían ser cultivables estaban en manos de los cárteles de la droga.
Preguntar esto, tratar de profundizar en el tema ocasiona el enojo de las secretarías de Estado, la negativa a dar información o a actualizar cifras y un vacío informativo que pretende ser llenado con boletines, declaraciones de banqueta o desmentidos y aclaraciones “oficiales”.
Esto es importante, porque fue precisamente en 2007 cuando, con el nuevo gobierno panista dispuso que la PGR le entregara a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), los 50 helicópteros Bell y las 8 avionetas Cessna que integraban sus escuadrones de fumigación.
La prensa mexicana ha documentado al detalle el fracaso o al menos el gris desempeño de la FAM (carente de tripulaciones completas) en labore de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos desde el aire, señalando que cada vez es menor la superficie erradicada en el actual sexenio.
¿Cuántas hectáreas de mariguana y amapola y en cuántos estados han dejado de ser atacadas como es debido?
¿Cuántas hectáreas le ha ganado en dos años el narco al Estado y al campo mexicanos?, ¿En donde se debería librar una de las verdaderas batallas contra los cárteles de la droga?
OJOS EN EL CIELO
En las semanas que vienen habrá más noticias sobre aseguramientos, cosecha y trasiego de amapola, pero en especial se hablará de la cantidad de plantíos, hectáreas y toneladas que pudieran existir de este opiáceo si solo tomáramos en cuenta los tonos rojizos que la flor, en su madurez productiva, adquiere bajo el espectro adecuado de la fotografía satelital avanzada, de alta definición.
La más reciente imagen manejada por la Armada de México para conformar la base de datos del Sistema de satélites de la Constelación Spot-ERMEXS, muestra el espectro obtenido entre el 1° de abril de 2008 y el 31 de marzo de este año en los sobrevuelos de uno de los tres satélites que forman el sistema.
Durante casi una semana los aparatos de fabricación francesa vuelan en orbitas distintas sobre varios puntos del planeta, y uno de ellos es la República Mexicana.
Los satélites hacen un barrido de imágenes del territorio nacional y pueden centrarse en puntos o zonas de especial atención para el gobierno federal y para los estatales y las instituciones educativas que soliciten acceder a este servicio de manera justificada.
Al detalle de lo registrado por el sistema ERMEXS solo se puede acceder con claves encriptadas y si se es parte de algunas de las instituciones autorizadas y registradas para usar el sistema.
Esas instituciones (más de 20) tienen a su vez registrados a unos 230 elementos –civiles y militares– como enlaces o Gestores ante Marina para hacer uso de las imágenes satelitales contratadas y obtenidas por el sistema.
Como comentaba al inicio, la base de datos en imagen obtenida entre el 1° de abril de 2008 y el 31 de marzo pasado, ya están disponibles en las instalaciones del sistema Spot ERMEXS que se ubican en la sede de la Secretaría de Marina, al sur de la ciudad.
En ellas se aprecia el mapeo del territorio nacional con algunas fallas de registro debido a problemas climatológicos que afectaron la captación de imágenes satelitales.
La Armada de México lo explica mejor al detallar que “en el área de la Península de Yucatán hay huecos, ya que debido a la gran concentración de nubosidad que se presenta regularmente en esa área no fue posible la adquisición de imágenes en el periodo citado pero, se continuará monitoreando para que al momento de mejorar las condiciones meteorológicas, se haga la adquisición correspondiente y se actualice el área faltante”.
El mapa del país obtenido por el Sistema ERMEXS muestra la extensión de sembradíos de amapola en al menos ocho estados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
En cuanto a la mariguana, las imágenes señalan los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa (el famoso Triángulo Dorado), así como Sonora, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, como los puntos en los que la incidencia en la siembra del enervante es alta.
El periodo referido por la Armada de México abarca menos de un año de actividad.
¿Cómo estábamos en el 2007 y cómo estamos ahora en este rubro del combate a la producción y tráfico de drogas? Sede y Marina tienen las respuestas. ¿Se las van a guardar?
En las semanas que vienen habrá más noticias sobre aseguramientos, cosecha y trasiego de amapola, pero en especial se hablará de la cantidad de plantíos, hectáreas y toneladas que pudieran existir de este opiáceo si solo tomáramos en cuenta los tonos rojizos que la flor, en su madurez productiva, adquiere bajo el espectro adecuado de la fotografía satelital avanzada, de alta definición.
La más reciente imagen manejada por la Armada de México para conformar la base de datos del Sistema de satélites de la Constelación Spot-ERMEXS, muestra el espectro obtenido entre el 1° de abril de 2008 y el 31 de marzo de este año en los sobrevuelos de uno de los tres satélites que forman el sistema.
Durante casi una semana los aparatos de fabricación francesa vuelan en orbitas distintas sobre varios puntos del planeta, y uno de ellos es la República Mexicana.
Los satélites hacen un barrido de imágenes del territorio nacional y pueden centrarse en puntos o zonas de especial atención para el gobierno federal y para los estatales y las instituciones educativas que soliciten acceder a este servicio de manera justificada.
Al detalle de lo registrado por el sistema ERMEXS solo se puede acceder con claves encriptadas y si se es parte de algunas de las instituciones autorizadas y registradas para usar el sistema.
Esas instituciones (más de 20) tienen a su vez registrados a unos 230 elementos –civiles y militares– como enlaces o Gestores ante Marina para hacer uso de las imágenes satelitales contratadas y obtenidas por el sistema.
Como comentaba al inicio, la base de datos en imagen obtenida entre el 1° de abril de 2008 y el 31 de marzo pasado, ya están disponibles en las instalaciones del sistema Spot ERMEXS que se ubican en la sede de la Secretaría de Marina, al sur de la ciudad.
En ellas se aprecia el mapeo del territorio nacional con algunas fallas de registro debido a problemas climatológicos que afectaron la captación de imágenes satelitales.
La Armada de México lo explica mejor al detallar que “en el área de la Península de Yucatán hay huecos, ya que debido a la gran concentración de nubosidad que se presenta regularmente en esa área no fue posible la adquisición de imágenes en el periodo citado pero, se continuará monitoreando para que al momento de mejorar las condiciones meteorológicas, se haga la adquisición correspondiente y se actualice el área faltante”.
El mapa del país obtenido por el Sistema ERMEXS muestra la extensión de sembradíos de amapola en al menos ocho estados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
En cuanto a la mariguana, las imágenes señalan los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa (el famoso Triángulo Dorado), así como Sonora, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, como los puntos en los que la incidencia en la siembra del enervante es alta.
El periodo referido por la Armada de México abarca menos de un año de actividad.
¿Cómo estábamos en el 2007 y cómo estamos ahora en este rubro del combate a la producción y tráfico de drogas? Sede y Marina tienen las respuestas. ¿Se las van a guardar?
Percibe ciudadanía más abusos castrenses.
Publicado el 17 ABRIL 2009.
¿Regreso a los cuarteles? ... Encuestas a la baja...
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La mención de una fecha o plazo tentativo para que las tropas del Ejército Mexicano abandonen poco a poco los operativos conjuntos –comenzando por el de Chihuahua–, bastó para crear suspicacias y reacciones encontradas en los distintos niveles de gobierno en el país.
Tras el anuncio del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont el pasado martes en el sentido de que será en septiembre cuando se dé el primer repliegue de militares en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego del envío de más de seis mil elementos de tropa a ese punto fronterizo, las protestas no se hicieron esperar.
Hay quienes se sienten seguros y más tranquilos con la presencia de Hummers, vehículos artillados y patrullaje castrense en esquinas, plazas públicas, calles y zonas conflictivas en Ciudad Juárez.
También están las denuncias sobre abusos o comportamiento ilegal de la milicia con la ciudadanía común. Ambos escenarios son reales.
Lo cierto es que el anunciado retiro de tropas en el norte del país obedece más al desgaste físico, anímico y político social de la milicia que a la solidez de una nueva etapa en el combate al crimen organizado en la que exista ya una fuerza policial para comenzar a hacerle frente a los cárteles con corporaciones saneadas, libres de corrupción, bien armadas, bien entrenadas, revisadas a fondo con pruebas de control de confianza y sobre todo, que operen sin la sombra de amenazas y ejecuciones.
De esto no hay nada.
Lo que sí hay es el desgaste físico y los costos políticos para el Ejército, que se reflejan ya en encuestas como la elaborada por la especialista María de las Heras, quien dio a conocer el 13 de abril datos que revelan un decrecimiento en la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas armadas (léase Ejército) a partir de su entrada de lleno a combatir el crimen organizado.
Según las cifras presentadas por la encuestadora, en 2007 los índices de confianza en el Ejército eran de 83 por ciento.
Los datos concuerdan con otras estadísticas y encuestas elaboradas durante el sexenio de Vicente Fox y en los primeros meses del gobierno calderonista, ubicando a las fuerzas armadas con un 82 a un 85 por ciento de aprobación ciudadana.
Las cosas cambiaron rápidamente y en poco más de dos años los militares han perdido 11 puntos porcentuales en la opinión y percepción positiva de los mexicanos. Esto es grave, sobre todo cuando están en puerta diversos escenarios de suyo delicados.
Primero, las elecciones federales de julio en las que el predominio panista está en juego en varios frentes electorales y ante lo cual el gobierno de Calderón requiere de todo el apoyo posible, venga de donde venga, para conservar el poder y mantener el proyecto blanquiazul con algunos signos vitales.
En este escenario, los militares se mantienen, como lo han hecho a lo largo de la historia, institucionales y atentos a desordenes y coyunturas que afecten le proyecto del gobierno en turno.
No obstante, a la larga el regreso del PRI al poder redundaría en beneficios para un Ejército nacido, crecido y fortalecido en los brazos de ese partido durante más de 70 años. En este juego nadie pierde.
En segundo lugar está la coyuntura de una aparente nueva relación de México con los Estados Unidos a partir de la llegada de Barack Obama a la presidencia de ese país.
¿Regreso a los cuarteles? ... Encuestas a la baja...
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La mención de una fecha o plazo tentativo para que las tropas del Ejército Mexicano abandonen poco a poco los operativos conjuntos –comenzando por el de Chihuahua–, bastó para crear suspicacias y reacciones encontradas en los distintos niveles de gobierno en el país.
Tras el anuncio del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont el pasado martes en el sentido de que será en septiembre cuando se dé el primer repliegue de militares en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego del envío de más de seis mil elementos de tropa a ese punto fronterizo, las protestas no se hicieron esperar.
Hay quienes se sienten seguros y más tranquilos con la presencia de Hummers, vehículos artillados y patrullaje castrense en esquinas, plazas públicas, calles y zonas conflictivas en Ciudad Juárez.
También están las denuncias sobre abusos o comportamiento ilegal de la milicia con la ciudadanía común. Ambos escenarios son reales.
Lo cierto es que el anunciado retiro de tropas en el norte del país obedece más al desgaste físico, anímico y político social de la milicia que a la solidez de una nueva etapa en el combate al crimen organizado en la que exista ya una fuerza policial para comenzar a hacerle frente a los cárteles con corporaciones saneadas, libres de corrupción, bien armadas, bien entrenadas, revisadas a fondo con pruebas de control de confianza y sobre todo, que operen sin la sombra de amenazas y ejecuciones.
De esto no hay nada.
Lo que sí hay es el desgaste físico y los costos políticos para el Ejército, que se reflejan ya en encuestas como la elaborada por la especialista María de las Heras, quien dio a conocer el 13 de abril datos que revelan un decrecimiento en la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas armadas (léase Ejército) a partir de su entrada de lleno a combatir el crimen organizado.
Según las cifras presentadas por la encuestadora, en 2007 los índices de confianza en el Ejército eran de 83 por ciento.
Los datos concuerdan con otras estadísticas y encuestas elaboradas durante el sexenio de Vicente Fox y en los primeros meses del gobierno calderonista, ubicando a las fuerzas armadas con un 82 a un 85 por ciento de aprobación ciudadana.
Las cosas cambiaron rápidamente y en poco más de dos años los militares han perdido 11 puntos porcentuales en la opinión y percepción positiva de los mexicanos. Esto es grave, sobre todo cuando están en puerta diversos escenarios de suyo delicados.
Primero, las elecciones federales de julio en las que el predominio panista está en juego en varios frentes electorales y ante lo cual el gobierno de Calderón requiere de todo el apoyo posible, venga de donde venga, para conservar el poder y mantener el proyecto blanquiazul con algunos signos vitales.
En este escenario, los militares se mantienen, como lo han hecho a lo largo de la historia, institucionales y atentos a desordenes y coyunturas que afecten le proyecto del gobierno en turno.
No obstante, a la larga el regreso del PRI al poder redundaría en beneficios para un Ejército nacido, crecido y fortalecido en los brazos de ese partido durante más de 70 años. En este juego nadie pierde.
En segundo lugar está la coyuntura de una aparente nueva relación de México con los Estados Unidos a partir de la llegada de Barack Obama a la presidencia de ese país.
Vienen momentos importantes para los militares en la cooperación binacional y a nivel internacional.
La entrega de material bélico y sobre todo la capacitación y adiestramiento militar que los norteamericanos brindarán a las tropas mexicanas, mantendrá bajo la lupa -una vez más- el comportamiento de la Sedena en un entorno en el que la corrupción, la colusión con el narco y los abusos castrenses pueden darse en la medida en que la institución vaya estrechando el cerco en torno a los líderes conocidos de los cárteles de la droga.
Si esto ocurre, el desgaste para los militares será mayor y también el descrédito y la sobrecarga de trabajo para la tropa, sus jefes y oficiales.
De cara a este panorama, el director general de la empresa encuestadora y de opinión pública, Indicadores S.C., el maestro Elías Aguilar (catedrático de la Universidad de las Américas Puebla - UDLAP), presentó el 12 de abril una curiosa encuesta en la que el Ejército, la Iglesia y la prensa nacional encabezan la lista de instituciones con mayor confiabilidad y credibilidad en el país.
El dato es relevante y quizá constituye una suerte de oasis para ciertos sectores, todas vez que a finales de marzo de este año la prestigiosa empresa GEA (Grupo de Economistas y Asociados), junto con la compañía ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas) presentaron la encuesta “Escenarios Políticos 2007-2009; Cambio y Continuidad. Primera Encuesta Nacional GEA-ISA 2009”.
En ella se muestra una caída importante en dos rubros:
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que el Ejército Mexicano participe directamente en los operativos para combatir al narcotráfico? (pag. 33), y ¿Cree que los operativos realizados por el Gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico están o no logrando sus objetivos? (pag.34).
En ambos casos las respuestas revelan datos negativos.
En mayo de 2008 el 80 porciento de la gente consideraba positiva la intervención militar contra las drogas. Para marzo de 2009 la cifra había descendido al 70 por ciento.
En cuanto a la efectividad de las acciones contra la delincuencia organizada, en marzo de 2007, según la encuesta, cerca del 65 por ciento de la gente opinaba que los esfuerzos eran positivos.
La cifra creció en junio de 2007, mostrando que poco más del 70 por ciento estaba de acuerdo con los operativos y sus resultados.
La percepción mejoró aún más en agosto de 2008, cuando casi el 80 por ciento de los ciudadanos encuestados manifestaron si aprobación sobre el tema.
Pero a parir de noviembre de 2008, con la ola de ejecuciones en diversos puntos de país, la aprobación cayó hasta alcanzar menos del 60 por ciento en marzo de este año.
Entonces, todo indica que el alto mando estaría adelantado en regreso de las tropas a sus cuarteles para evitar una caída más dramática que lesione mayormente a la institución cuando se requiera que haya orden interno por motivos electorales.
La otra razón es que el general Galván quiere iniciar cuanto antes ciertos cambios y modificaciones en la vida de quienes integran a la Sedena, para curar las heridas que está dejando la lucha contra el narcotráfico entre una tropa cansada e inconforme con el pago por su sacrificio.
Apertura y cerrazón en las FFA.
Publicado el 10 ABRIL 2009.
La Armada, a la UNITAS 50... El Ejército ¿al desprestigio en Chihuahua?
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Es un hecho la participación de la Armada de México en los ejercicios navales UNITAS 50 o UNITAS Gold, con los que se celebrará desde la próxima semana medio siglo de operaciones internacionales conjuntas entre diversas marinas del continente, encabezadas y coordinadas por los Estados Unidos.
Es precisamente este punto el que sigue erigiéndose en centro de la discordia para los mandos de la Defensa Nacional y de la Marina, además, claro, de sectores conservadores (léase PRI) y de pretendida avanzada democratizadora (léase PAN).
Los primeros, en Lomas de Sotelo, siguen empeñados en sostener una doctrina de aislamiento, anti intervencionista, separada de la evolución que en las últimas dos décadas han vivido las fuerzas armadas del continente.
En la región y en otras latitudes se ha transitado en los últimos tiempos por reformas y modificaciones que han dado como resultado la llegada de mandos civiles a las altas esferas militares, la creación de Comandos Conjuntos y reestructuraciones a fondo, con Estados Mayores en los que conviven armas separadas (de tierra, mar y aire y no subordinadas), y con presupuestos, controles civiles y administrativos claros y cercanos a la transparencia total y con Libros Blancos que son perfectibles y no caricaturas como los 13 cuadernos o folletos o manuales confeccionados en tiempos del general Clemente Vega.
Otros mundos.
A este sector de las fuerzas armadas mexicanas le asiste la razón al querer mantener el status quo tal y como está, sobre todo en estos momentos de apremio y respuesta de mano dura, de “securitización del Estado”, como la llama Raúl Benítez Manaut.
Sus servicios son hoy, más que nunca, apreciados y requeridos ante el embate de la violencia de los cárteles, que no habrían alcanzado tal poder de no haber sido por la protección y complacencia de las esferas del poder político, militar, judicial y administrativo del país.
Los militares son reacios al cambio, porque ello implicaría la reducción de sus espacios, de sus canonjías, y en muchos casos, el fin de la impunidad.
Por eso en la fracturada y malograda transición a la democracia que se vive en México, las reformas en el terreno militar son inexistentes, son inconvenientes y de alto riesgo.
Así se pactó con el foxismo y así se conservó el acuerdo en la era de Calderón. Por eso la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) fue un fracasado desde su concepción y planteamiento.
Nada contra los militares, se acordó. El propio ex fiscal Ignacio Carrillo Prieto reveló hace unas semanas al autor de este espacio que representantes personales de Luis Echeverría Álvarez (LEA) lo amenazaron directamente y advirtieron además que si Vicente Fox ordenaba proceder en contra de LEA penalmente, el panista guanajuatense no terminaría su mandato.
Hoy (sic), los militares insisten hábilmente en cerrarse al exterior, en mantener el control de feudo para evitar que se abra una Caja de Pandora sobre la que no tendrían control. Paradójicamente asumen el mando policíaco-militar en una situación sin parangón, salvándole el pellejo al régimen y esperando, más allá del deber patriótico, mantener con ello el status, las cosas como están, sin alteraciones.
Sería lo justo, piensan. Hoy por ti…
Por eso el Ejército no se involucrará en operaciones conjuntas con otros países. La doctrina – y algo más– se los impide.
Para eso está la Marina. Para responder en los hechos a las presiones discursivas y diplomáticas del presidente Barack Obama y de su gente en el Pentágono.
No cejarán en sus intentos por sumar a las fuerzas armadas al Comando Norte o a algún otro instrumento de cooperación que implique presencia bélica mexicana, como los Cascos Azules de la ONU.
El Ejército se mantendrá en sus trincheras doctrinarias y de reposicionamiento político en la actual coyuntura anticrimen.
El teatro de operaciones es ideal, o quizá no tanto. Las violaciones a los derechos humanos de mujeres, adultos y niños comienzan a aflorar con más fuerza en la medida en que los militares intentan cumplir el papel de policías para el que ni están preparados ni se les adiestró.
Los manoseos a las mujeres, las intimidaciones a jóvenes y las intimidaciones a adultos mayores, como un primer nivel de abuso, aparecen una y otra vez en Ciudad Juárez.
En cuestión de meses el prestigio y apoyo que la población les ha conferido por años, puede irse a la basura. Son los riesgos, ¿no?
¿Quién pagará por los abusos?, ¿Quién juzgará a los responsables?, ¿será la impunidad uno de los botines de guerra?
En cuanto a la Marina, ignorada, con armamento y material bélico anticuado, reforzado apenas en el contexto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (hace 8 años), sus mandos sostienen otra doctrina, otra idea sobre la inserción gradual, pero efectiva, de la institución en un mundo del que ha estado aislada como consecuencia de la inercia nacionalista y hermética de los gobiernos priístas.
¿Son estos otros tiempos? La Marina lo quiere ver de ese modo.
Por eso, por el fogueo y la experiencia en juego, el cabildeo con los senadores es intenso, pese a la torpeza y el desconocimiento de los militares norteamericanos acerca de las formas y los tiempos legislativos en México.
NUNCA SEAN POLICÍAS.
Por lo demás, quien mejor que un militar de larga carrera y reconocimiento como el general (retirado) Rigoberto Castillejos Adriano para recomendar a sus compañeros de armas la mayor prudencia y cuidado en el manejo de sus carreras, y advertirles sobre los riesgos y el desprestigio que se llevarían si se meten a hacerle de policías, en cualquiera de sus acepciones.
Dice el general Castillejos en sus recomendaciones a los compañeros de grado que en el activo, que hay que “evitar cualquier puesto relacionado con la seguridad pública, ya que esto puede ocasionar la pérdida del prestigio que se logró acumular durante su carrera, o que se ponga en riesgo la integridad física (Fuente Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Época IV, año 102, Enero de 2008. Pag. 72).
No se equivoca el general, aunque el consejo ahora no sirva de mucho, especialmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Zacatecas, Durango, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y Campeche, entidades en las que la seguridad pública está en las manos del Ejército Mexicano en mayor o menor medida.
La Armada, a la UNITAS 50... El Ejército ¿al desprestigio en Chihuahua?
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Es un hecho la participación de la Armada de México en los ejercicios navales UNITAS 50 o UNITAS Gold, con los que se celebrará desde la próxima semana medio siglo de operaciones internacionales conjuntas entre diversas marinas del continente, encabezadas y coordinadas por los Estados Unidos.
Es precisamente este punto el que sigue erigiéndose en centro de la discordia para los mandos de la Defensa Nacional y de la Marina, además, claro, de sectores conservadores (léase PRI) y de pretendida avanzada democratizadora (léase PAN).
Los primeros, en Lomas de Sotelo, siguen empeñados en sostener una doctrina de aislamiento, anti intervencionista, separada de la evolución que en las últimas dos décadas han vivido las fuerzas armadas del continente.
En la región y en otras latitudes se ha transitado en los últimos tiempos por reformas y modificaciones que han dado como resultado la llegada de mandos civiles a las altas esferas militares, la creación de Comandos Conjuntos y reestructuraciones a fondo, con Estados Mayores en los que conviven armas separadas (de tierra, mar y aire y no subordinadas), y con presupuestos, controles civiles y administrativos claros y cercanos a la transparencia total y con Libros Blancos que son perfectibles y no caricaturas como los 13 cuadernos o folletos o manuales confeccionados en tiempos del general Clemente Vega.
Otros mundos.
A este sector de las fuerzas armadas mexicanas le asiste la razón al querer mantener el status quo tal y como está, sobre todo en estos momentos de apremio y respuesta de mano dura, de “securitización del Estado”, como la llama Raúl Benítez Manaut.
Sus servicios son hoy, más que nunca, apreciados y requeridos ante el embate de la violencia de los cárteles, que no habrían alcanzado tal poder de no haber sido por la protección y complacencia de las esferas del poder político, militar, judicial y administrativo del país.
Los militares son reacios al cambio, porque ello implicaría la reducción de sus espacios, de sus canonjías, y en muchos casos, el fin de la impunidad.
Por eso en la fracturada y malograda transición a la democracia que se vive en México, las reformas en el terreno militar son inexistentes, son inconvenientes y de alto riesgo.
Así se pactó con el foxismo y así se conservó el acuerdo en la era de Calderón. Por eso la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) fue un fracasado desde su concepción y planteamiento.
Nada contra los militares, se acordó. El propio ex fiscal Ignacio Carrillo Prieto reveló hace unas semanas al autor de este espacio que representantes personales de Luis Echeverría Álvarez (LEA) lo amenazaron directamente y advirtieron además que si Vicente Fox ordenaba proceder en contra de LEA penalmente, el panista guanajuatense no terminaría su mandato.
Hoy (sic), los militares insisten hábilmente en cerrarse al exterior, en mantener el control de feudo para evitar que se abra una Caja de Pandora sobre la que no tendrían control. Paradójicamente asumen el mando policíaco-militar en una situación sin parangón, salvándole el pellejo al régimen y esperando, más allá del deber patriótico, mantener con ello el status, las cosas como están, sin alteraciones.
Sería lo justo, piensan. Hoy por ti…
Por eso el Ejército no se involucrará en operaciones conjuntas con otros países. La doctrina – y algo más– se los impide.
Para eso está la Marina. Para responder en los hechos a las presiones discursivas y diplomáticas del presidente Barack Obama y de su gente en el Pentágono.
No cejarán en sus intentos por sumar a las fuerzas armadas al Comando Norte o a algún otro instrumento de cooperación que implique presencia bélica mexicana, como los Cascos Azules de la ONU.
El Ejército se mantendrá en sus trincheras doctrinarias y de reposicionamiento político en la actual coyuntura anticrimen.
El teatro de operaciones es ideal, o quizá no tanto. Las violaciones a los derechos humanos de mujeres, adultos y niños comienzan a aflorar con más fuerza en la medida en que los militares intentan cumplir el papel de policías para el que ni están preparados ni se les adiestró.
Los manoseos a las mujeres, las intimidaciones a jóvenes y las intimidaciones a adultos mayores, como un primer nivel de abuso, aparecen una y otra vez en Ciudad Juárez.
En cuestión de meses el prestigio y apoyo que la población les ha conferido por años, puede irse a la basura. Son los riesgos, ¿no?
¿Quién pagará por los abusos?, ¿Quién juzgará a los responsables?, ¿será la impunidad uno de los botines de guerra?
En cuanto a la Marina, ignorada, con armamento y material bélico anticuado, reforzado apenas en el contexto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (hace 8 años), sus mandos sostienen otra doctrina, otra idea sobre la inserción gradual, pero efectiva, de la institución en un mundo del que ha estado aislada como consecuencia de la inercia nacionalista y hermética de los gobiernos priístas.
¿Son estos otros tiempos? La Marina lo quiere ver de ese modo.
Por eso, por el fogueo y la experiencia en juego, el cabildeo con los senadores es intenso, pese a la torpeza y el desconocimiento de los militares norteamericanos acerca de las formas y los tiempos legislativos en México.
NUNCA SEAN POLICÍAS.
Por lo demás, quien mejor que un militar de larga carrera y reconocimiento como el general (retirado) Rigoberto Castillejos Adriano para recomendar a sus compañeros de armas la mayor prudencia y cuidado en el manejo de sus carreras, y advertirles sobre los riesgos y el desprestigio que se llevarían si se meten a hacerle de policías, en cualquiera de sus acepciones.
Dice el general Castillejos en sus recomendaciones a los compañeros de grado que en el activo, que hay que “evitar cualquier puesto relacionado con la seguridad pública, ya que esto puede ocasionar la pérdida del prestigio que se logró acumular durante su carrera, o que se ponga en riesgo la integridad física (Fuente Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Época IV, año 102, Enero de 2008. Pag. 72).
No se equivoca el general, aunque el consejo ahora no sirva de mucho, especialmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Zacatecas, Durango, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y Campeche, entidades en las que la seguridad pública está en las manos del Ejército Mexicano en mayor o menor medida.
Eterna agenda pendiente.
27 MARZO 2009.
¿Y las reformas en Justicia Militar?
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
He aquí una interesantísima contribución del personal militar en un intento por comenzar a gestar algún cambio real en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted opine, ¿qué tanto se ha avanzado?, ¿En dónde estamos en este rubro?
"La Secretaría de la Defensa Nacional requiere una reforma integral a todo el aparato de justicia militar, para el sexenio de Felipe Calderón.
El Ejército Mexicano busca aumentar de 5 a 7 el número de magistrados del Supremo Tribunal Militar y quiere que estos juzgadores sean designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por el Secretario de la Defensa.
Para ocupar cargos en la Procuraduría Militar, juzgados y tribunales castrenses, se busca que los aspirantes no sólo cumplan con el requisito de "gozar de notoria moralidad" -como lo exige la actual ley-, sino que tampoco tengan antecedentes penales.
Una nueva legislación en ese sentido, evitará casos como el del General Brigadier José Félix Name Rodríguez, quien en 1997 fue llevado a prisión por dejar salir de la PGR al presunto capo Humberto García Abrego, y años después fue Magistrado del Supremo Tribunal Militar.
La reforma a la que aspira la Defensa fue planteada en un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, y presentado a la Cámara de Diputados, a fines de la legislatura pasada.
Otra de las propuestas consiste en prohibir por ley a los abogados militares participar en litigios federales, al menos donde los acusados forman parte de la milicia, ya que en el proyecto se establece que los defensores castrenses "no podrán ejercer su profesión en asuntos donde la Federación sea parte.
Muchos militares encarcelados por la PGR en penales civiles, han tenido abogados que son también del Ejército, debido a que actualmente la legislación no lo impide.
Un ejemplo son los soldados que fueron acusados de la evasión de José Díaz Pérez, ex subdelegado de la PGR en Chihuahua, fugado de una casa de arraigo en febrero de 2001.
Ellos tuvieron al mismo abogado que defendió al General Francisco Quirós Hermosillo, ya finado.
La reforma también contempla que el desistimiento de una acusación penal castrense ya no requiera de la autorización del Secretario de la Defensa, sino que ahora sea un procedimiento que resuelva directamente la Procuraduría Militar.
Sobre los Consejos de Guerra, la modalidad de juicios orales en el Ejército, se pretende que los 5 juzgadores tengan grados militares más altos que los hoy estipulados.
Por ejemplo, en el código actual, el presidente del Consejo de Guerra puede ser General o Coronel, mientras que la reforma exige que ya sólo sea General.
Los 4 vocales que integran hoy en día un Consejo de Guerra pueden tener el grado mínimo de Mayores, pero en la iniciativa en manos del Congreso ya se establece como requisito que cuando menos tengan el rango de Tenientes Coroneles.
El marco jurídico que pretende legar el General Vega García aumentaría el volumen del Código de Justicia Militar de 923 artículos y 4 transitorios, a 972 artículos y 3 transitorios.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, será la primera modificación general al código que se realiza desde el 29 de agosto de 1933, año en que el presidente Abelardo L. Rodríguez y el secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos, promulgaron las disposiciones vigentes.
MODIFICACIONES SUSTANCIALES
- Aumentar de 5 a 7 el número de magistrados del Supremo Tribunal Militar.
- Facultar al Presidente de la República para designar a los magistrados militares, conforme a una terna propuesta por el Secretario de la Defensa.
- Impedir que militares con antecedentes penales por delitos dolosos sean presidentes o magistrados del Tribunal Militar.
- Aumentar de uno a 3 los oficiales mayores del Supremo Tribunal Militar.
- Prohibir que abogados militares litiguen casos donde sea parte la Federación.
- "Dar a la Sedena la atribución de juzgar un delito en un lugar distinto al que se cometió.
- Aumentar de uno a tres el número de secretarios de los juzgados militares.
- Agregar la plaza de actuario en cada uno de los juzgados militares.
- Establecer el delito de traición al Ejército para enjuiciar a los desertores que son parte del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional planteó al Congreso de la Unión una iniciativa con la que pretende juzgar en cortes marciales los casos de desertores o elementos en activo del Ejército vinculados al narcotráfico.
Lo que se busca es crear el delito de "traición al Ejército", bajo el que se podrían condenar hasta por 60 años a militares o desertores acusado de colaborar con bandas criminales.
Esta pena supera la máxima que un tribunal civil les podría otorgar.
Otra novedad es que, de instituirse, este delito tendrá la pena mínima más dura en la legislación mexicana, ya que contempla al menos 30 años de prisión.
Los Zetas, que son ex integrantes del Ejército Mexicano, y brazo armado del Cártel del Golfo, serían el principal blanco de esta legislación, si se aprueba.
Fuentes policiacas han afirmado anteriormente que este grupo tuvo su origen en 1999 y que fue iniciado con desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales.
La propuesta de reforma de la Sedena se dictaminó en la Comisión de Defensa de la Cámara baja de la anterior legislatura, y se esperaba que subiera al Pleno cuando se integraran las comisiones de la actual Cámara, lo que ocurrió el viernes.
De acuerdo a los cambios propuestos para el Código de Justicia Militar, los que se unan o colaboren con un grupo u organización dedicado a actividades ilícitas, en cuyo combate participe el Ejército serían castigados con la baja y la pena de prisión referida.
En sus 11 modalidades, el delito de traición militar está dedicado a los que se pasen al bando contrario, usen la infraestructura en favor de organizaciones delictivas, recluten a soldados para esos grupos o les filtren información, liberen delincuentes o desinformen a los mandos oficiales.
Hasta hoy, si es detenido un desertor del Ejército que pasó a formar parte de las filas del narcotráfico, la averiguación para encarcelarlo y sus juicios los llevan a cabo instituciones civiles, como la PGR y el Poder Judicial Federal.
Un ejemplo reciente es el del presunto sicario de los zetas, Mateo Díaz López, alias "El Comandante Mateo", quien en los años 90 formó parte del 15 Regimiento de Caballería Motorizado, en Reynosa, y que fue detenido en Tabasco el 16 de julio de 2006.
Con la reforma, "El Comandante Mateo" hubiera sido trasladado a instalaciones castrenses, puesto a disposición de la Procuraduría Militar, consignado a un juez militar por los tres delitos que se le detuvo, pero además por traición al Ejército.
Además, el acusado habría sido internado en una prisión militar y condenado hasta por 60 años de prisión…
¿Y las reformas en Justicia Militar?
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
He aquí una interesantísima contribución del personal militar en un intento por comenzar a gestar algún cambio real en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted opine, ¿qué tanto se ha avanzado?, ¿En dónde estamos en este rubro?
"La Secretaría de la Defensa Nacional requiere una reforma integral a todo el aparato de justicia militar, para el sexenio de Felipe Calderón.
El Ejército Mexicano busca aumentar de 5 a 7 el número de magistrados del Supremo Tribunal Militar y quiere que estos juzgadores sean designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por el Secretario de la Defensa.
Para ocupar cargos en la Procuraduría Militar, juzgados y tribunales castrenses, se busca que los aspirantes no sólo cumplan con el requisito de "gozar de notoria moralidad" -como lo exige la actual ley-, sino que tampoco tengan antecedentes penales.
Una nueva legislación en ese sentido, evitará casos como el del General Brigadier José Félix Name Rodríguez, quien en 1997 fue llevado a prisión por dejar salir de la PGR al presunto capo Humberto García Abrego, y años después fue Magistrado del Supremo Tribunal Militar.
La reforma a la que aspira la Defensa fue planteada en un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, y presentado a la Cámara de Diputados, a fines de la legislatura pasada.
Otra de las propuestas consiste en prohibir por ley a los abogados militares participar en litigios federales, al menos donde los acusados forman parte de la milicia, ya que en el proyecto se establece que los defensores castrenses "no podrán ejercer su profesión en asuntos donde la Federación sea parte.
Muchos militares encarcelados por la PGR en penales civiles, han tenido abogados que son también del Ejército, debido a que actualmente la legislación no lo impide.
Un ejemplo son los soldados que fueron acusados de la evasión de José Díaz Pérez, ex subdelegado de la PGR en Chihuahua, fugado de una casa de arraigo en febrero de 2001.
Ellos tuvieron al mismo abogado que defendió al General Francisco Quirós Hermosillo, ya finado.
La reforma también contempla que el desistimiento de una acusación penal castrense ya no requiera de la autorización del Secretario de la Defensa, sino que ahora sea un procedimiento que resuelva directamente la Procuraduría Militar.
Sobre los Consejos de Guerra, la modalidad de juicios orales en el Ejército, se pretende que los 5 juzgadores tengan grados militares más altos que los hoy estipulados.
Por ejemplo, en el código actual, el presidente del Consejo de Guerra puede ser General o Coronel, mientras que la reforma exige que ya sólo sea General.
Los 4 vocales que integran hoy en día un Consejo de Guerra pueden tener el grado mínimo de Mayores, pero en la iniciativa en manos del Congreso ya se establece como requisito que cuando menos tengan el rango de Tenientes Coroneles.
El marco jurídico que pretende legar el General Vega García aumentaría el volumen del Código de Justicia Militar de 923 artículos y 4 transitorios, a 972 artículos y 3 transitorios.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, será la primera modificación general al código que se realiza desde el 29 de agosto de 1933, año en que el presidente Abelardo L. Rodríguez y el secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos, promulgaron las disposiciones vigentes.
MODIFICACIONES SUSTANCIALES
- Aumentar de 5 a 7 el número de magistrados del Supremo Tribunal Militar.
- Facultar al Presidente de la República para designar a los magistrados militares, conforme a una terna propuesta por el Secretario de la Defensa.
- Impedir que militares con antecedentes penales por delitos dolosos sean presidentes o magistrados del Tribunal Militar.
- Aumentar de uno a 3 los oficiales mayores del Supremo Tribunal Militar.
- Prohibir que abogados militares litiguen casos donde sea parte la Federación.
- "Dar a la Sedena la atribución de juzgar un delito en un lugar distinto al que se cometió.
- Aumentar de uno a tres el número de secretarios de los juzgados militares.
- Agregar la plaza de actuario en cada uno de los juzgados militares.
- Establecer el delito de traición al Ejército para enjuiciar a los desertores que son parte del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional planteó al Congreso de la Unión una iniciativa con la que pretende juzgar en cortes marciales los casos de desertores o elementos en activo del Ejército vinculados al narcotráfico.
Lo que se busca es crear el delito de "traición al Ejército", bajo el que se podrían condenar hasta por 60 años a militares o desertores acusado de colaborar con bandas criminales.
Esta pena supera la máxima que un tribunal civil les podría otorgar.
Otra novedad es que, de instituirse, este delito tendrá la pena mínima más dura en la legislación mexicana, ya que contempla al menos 30 años de prisión.
Los Zetas, que son ex integrantes del Ejército Mexicano, y brazo armado del Cártel del Golfo, serían el principal blanco de esta legislación, si se aprueba.
Fuentes policiacas han afirmado anteriormente que este grupo tuvo su origen en 1999 y que fue iniciado con desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales.
La propuesta de reforma de la Sedena se dictaminó en la Comisión de Defensa de la Cámara baja de la anterior legislatura, y se esperaba que subiera al Pleno cuando se integraran las comisiones de la actual Cámara, lo que ocurrió el viernes.
De acuerdo a los cambios propuestos para el Código de Justicia Militar, los que se unan o colaboren con un grupo u organización dedicado a actividades ilícitas, en cuyo combate participe el Ejército serían castigados con la baja y la pena de prisión referida.
En sus 11 modalidades, el delito de traición militar está dedicado a los que se pasen al bando contrario, usen la infraestructura en favor de organizaciones delictivas, recluten a soldados para esos grupos o les filtren información, liberen delincuentes o desinformen a los mandos oficiales.
Hasta hoy, si es detenido un desertor del Ejército que pasó a formar parte de las filas del narcotráfico, la averiguación para encarcelarlo y sus juicios los llevan a cabo instituciones civiles, como la PGR y el Poder Judicial Federal.
Un ejemplo reciente es el del presunto sicario de los zetas, Mateo Díaz López, alias "El Comandante Mateo", quien en los años 90 formó parte del 15 Regimiento de Caballería Motorizado, en Reynosa, y que fue detenido en Tabasco el 16 de julio de 2006.
Con la reforma, "El Comandante Mateo" hubiera sido trasladado a instalaciones castrenses, puesto a disposición de la Procuraduría Militar, consignado a un juez militar por los tres delitos que se le detuvo, pero además por traición al Ejército.
Además, el acusado habría sido internado en una prisión militar y condenado hasta por 60 años de prisión…
Cambios jurídicos y cooperación con EU.
Publicado el 9 MARZO 2009.
Momentos cruciales para el Ejército... En julio y agosto, medidas especials vs. el narco
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La transición a la democracia en México está fracturada. Con ella quedaron rotas o truncadas las vías para modernizar, readecuar o atemperar a instituciones vitales para la subsistencia del sistema político mexicano.
Entra estas destacan las fuerzas armadas, no solo por la grave coyuntura en materia de inseguridad que vive el país y por la errática respuesta del gobierno ante la acción del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), viven momentos cruciales, quizá decisivos, no solo para responder en lo inmediato al reto de la actividad delictiva de los siete cárteles de la droga que operan en México, sino para reestructurarse, depurarse, diseñarse de nuevo como instancias modernas más allá de sus propios lastres y sellos partidistas.
De no hacerlo, la predicción de general Guillermo Galván formulada en el histórico informe “Panorama General de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Octubre 2007”, se cumplirá al pie de la letra y en menos de cinco años el país no tendrá garantes de la soberanía, ni de la seguridad interior y mucho menos exterior, sino un esquema de seguridad fragmentado, altamente vulnerable, desgastado, inútil y una estructura militar mediocre, corrupta, añeja, inoperante, desautorizada por la sociedad civil.
Pero no es sólo culpa o responsabilidad de los militares mexicanos. La otra parte que explica sus limitaciones se encuentra, curiosamente, en el exterior, en las oficinas de instancias como el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN), en los recintos en los que se manejan las agendas de inteligencia de la PGR o de la Policía Federal Preventiva (PFP) e incluso de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En esos lugares se ha construido también la debacle de los órganos de inteligencia mexicanos, que hoy más que nunca aparecen divididos, recelosos en la cooperación anticrimen, sectarios en la aplicación y compartición de sus archivos y por ende del control de la información altamente sensible que, por ejemplo, ha hecho que el Ejército tenga al 25 por ciento de sus tropas operando en la XII Región Militar, en los estados de Coahuila y Chihuahua.
Allí se concentran más de 15 mil soldados, una treintena de generales, decenas de jefes, centenares de oficiales y miles de elementos de tropa en lo que quizá sea un esfuerzo final por acabar con las expresiones más crudas del narco (no de acabar con el narco en sí, porque eso es imposible) en el norte del país.
En estos días, los altos mandos militares y sus asesores, la gente con mayor experiencia en el medio militar, sostienen encuentros sin parar, se reúnen y diseñan y rediseñan estrategias para abrir flancos de acción y, por desgracia, cubrir otros que han quedado sin reguardo, como es el caso de las campañas de erradicación de cultivos ya sea por tierra o por aire.
Los datos sobre el fracaso de estas agendas que desde 2007 quedaron en manos de la Fuerza Aérea Mexicana son contundentes. En el gobierno de Felipe Calderón se han erradicado poco más de 3 mil 740 hectáreas de plantíos de enervantes, mientras que con Vicente Fox se erradicaban por aspersión y a mano un promedio de 12 mil hectáreas al año entre 2000 y 2004.
Una de las explicaciones sobre este punto tiene que ver con la incesante ocupación de las tropas en el combate frontal al narco, en un esquema que mantiene a 45 mil soldados en tareas de lucha durante periodos de 40 días, tras los cuales son relevados por otros 45 mil efectivos.
Es decir, 90 mil elementos en activo, en total, casi la mitad del Ejército y Fuerza Aérea juntos en una sola misión.
El desgaste ha sido severo. Los costos y consecuencias se traducen hoy día en medidas que algunos comenzarían a llamar desesperadas. Una de ellas se materializará entre julio y agosto de este año y afectará a la cantera militar en forma insospechada.
Y es que a estas alturas comienza a haber dificultades en el alto mando para echar mano de tropas frescas para cubrir los huecos que está dejando –entre deserciones, bajas, agotamiento y hartazgo– el combate al narcotráfico.
Carentes de presupuesto y de programas reales de modernización que no sólo se limiten a compra de armamento, sino que aborden modificaciones a su estructura operativa y conformación de mandos, que consoliden una división y separación de las armas que culmine en una auténtica estrategia de lucha contra el crimen organizado, las fuerzas armadas mexicanas siguen navegando en la improvisación para atacar a un enemigo al que jamás visualizaron en su verdadera magnitud, ni en las aulas ni en el teatro de operaciones.
CENTINELA…
Uno.- Los ojos del Gran Hermano (léase gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de espionaje) tienen una presencia en nuestro país, calculada en al menos 400 “primos” que interactúan diariamente con usted, conmigo, con todos mundo desde diversos e insospechados “frentes”, informando a sus jefes sobre lo que ocurre a cada paso en los rincones del país.
Tan solo en la embajada de los Estados Unidos operan 16 agencias de inteligencia. De éstas, 6 están ligadas al Pentágono, es decir al ala militar de la Casa Blanca.
Este nicho de inteligencia mantiene dispersos a alrededor de 4 mil informantes al servicio del gobierno norteamericano.
¿No se siente usted más seguro y protegido con tanta vigilancia…gringa?
Dos.- No se ponen de acuerdo en la Secretaría de Marina y en la Cámara de Diputados sobre la presunta participación de la de dependencia -en un esquema más amplio y directo- en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Mientras el legislador César Duarte asegura a los medios que la Marina ya es parte del fracasado operativo que encabeza la Sedena, los voceros navales dicen que no hay tal, que no se ha aprobado nada al respecto. Total, entre más desorden, ni quien se fije.
Tres.- Por cierto, mientras la Armada de México se muestra muy favorable a una integración abierta y sin prejuicios con las fuerzas navales norteamericanas (Servicio de Guardacostas) para crear un frente antinarco, la Sedena sigue resistiéndose y al parecer sólo aceptará renovar los acuerdos de adiestramiento militar, de materiales de guerra y de implementos contemplados en la Iniciativa Mérida como parte de los acuerdos con el almirante Mike Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas norteamericanas.
Momentos cruciales para el Ejército... En julio y agosto, medidas especials vs. el narco
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La transición a la democracia en México está fracturada. Con ella quedaron rotas o truncadas las vías para modernizar, readecuar o atemperar a instituciones vitales para la subsistencia del sistema político mexicano.
Entra estas destacan las fuerzas armadas, no solo por la grave coyuntura en materia de inseguridad que vive el país y por la errática respuesta del gobierno ante la acción del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), viven momentos cruciales, quizá decisivos, no solo para responder en lo inmediato al reto de la actividad delictiva de los siete cárteles de la droga que operan en México, sino para reestructurarse, depurarse, diseñarse de nuevo como instancias modernas más allá de sus propios lastres y sellos partidistas.
De no hacerlo, la predicción de general Guillermo Galván formulada en el histórico informe “Panorama General de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Octubre 2007”, se cumplirá al pie de la letra y en menos de cinco años el país no tendrá garantes de la soberanía, ni de la seguridad interior y mucho menos exterior, sino un esquema de seguridad fragmentado, altamente vulnerable, desgastado, inútil y una estructura militar mediocre, corrupta, añeja, inoperante, desautorizada por la sociedad civil.
Pero no es sólo culpa o responsabilidad de los militares mexicanos. La otra parte que explica sus limitaciones se encuentra, curiosamente, en el exterior, en las oficinas de instancias como el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN), en los recintos en los que se manejan las agendas de inteligencia de la PGR o de la Policía Federal Preventiva (PFP) e incluso de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En esos lugares se ha construido también la debacle de los órganos de inteligencia mexicanos, que hoy más que nunca aparecen divididos, recelosos en la cooperación anticrimen, sectarios en la aplicación y compartición de sus archivos y por ende del control de la información altamente sensible que, por ejemplo, ha hecho que el Ejército tenga al 25 por ciento de sus tropas operando en la XII Región Militar, en los estados de Coahuila y Chihuahua.
Allí se concentran más de 15 mil soldados, una treintena de generales, decenas de jefes, centenares de oficiales y miles de elementos de tropa en lo que quizá sea un esfuerzo final por acabar con las expresiones más crudas del narco (no de acabar con el narco en sí, porque eso es imposible) en el norte del país.
En estos días, los altos mandos militares y sus asesores, la gente con mayor experiencia en el medio militar, sostienen encuentros sin parar, se reúnen y diseñan y rediseñan estrategias para abrir flancos de acción y, por desgracia, cubrir otros que han quedado sin reguardo, como es el caso de las campañas de erradicación de cultivos ya sea por tierra o por aire.
Los datos sobre el fracaso de estas agendas que desde 2007 quedaron en manos de la Fuerza Aérea Mexicana son contundentes. En el gobierno de Felipe Calderón se han erradicado poco más de 3 mil 740 hectáreas de plantíos de enervantes, mientras que con Vicente Fox se erradicaban por aspersión y a mano un promedio de 12 mil hectáreas al año entre 2000 y 2004.
Una de las explicaciones sobre este punto tiene que ver con la incesante ocupación de las tropas en el combate frontal al narco, en un esquema que mantiene a 45 mil soldados en tareas de lucha durante periodos de 40 días, tras los cuales son relevados por otros 45 mil efectivos.
Es decir, 90 mil elementos en activo, en total, casi la mitad del Ejército y Fuerza Aérea juntos en una sola misión.
El desgaste ha sido severo. Los costos y consecuencias se traducen hoy día en medidas que algunos comenzarían a llamar desesperadas. Una de ellas se materializará entre julio y agosto de este año y afectará a la cantera militar en forma insospechada.
Y es que a estas alturas comienza a haber dificultades en el alto mando para echar mano de tropas frescas para cubrir los huecos que está dejando –entre deserciones, bajas, agotamiento y hartazgo– el combate al narcotráfico.
Carentes de presupuesto y de programas reales de modernización que no sólo se limiten a compra de armamento, sino que aborden modificaciones a su estructura operativa y conformación de mandos, que consoliden una división y separación de las armas que culmine en una auténtica estrategia de lucha contra el crimen organizado, las fuerzas armadas mexicanas siguen navegando en la improvisación para atacar a un enemigo al que jamás visualizaron en su verdadera magnitud, ni en las aulas ni en el teatro de operaciones.
CENTINELA…
Uno.- Los ojos del Gran Hermano (léase gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de espionaje) tienen una presencia en nuestro país, calculada en al menos 400 “primos” que interactúan diariamente con usted, conmigo, con todos mundo desde diversos e insospechados “frentes”, informando a sus jefes sobre lo que ocurre a cada paso en los rincones del país.
Tan solo en la embajada de los Estados Unidos operan 16 agencias de inteligencia. De éstas, 6 están ligadas al Pentágono, es decir al ala militar de la Casa Blanca.
Este nicho de inteligencia mantiene dispersos a alrededor de 4 mil informantes al servicio del gobierno norteamericano.
¿No se siente usted más seguro y protegido con tanta vigilancia…gringa?
Dos.- No se ponen de acuerdo en la Secretaría de Marina y en la Cámara de Diputados sobre la presunta participación de la de dependencia -en un esquema más amplio y directo- en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Mientras el legislador César Duarte asegura a los medios que la Marina ya es parte del fracasado operativo que encabeza la Sedena, los voceros navales dicen que no hay tal, que no se ha aprobado nada al respecto. Total, entre más desorden, ni quien se fije.
Tres.- Por cierto, mientras la Armada de México se muestra muy favorable a una integración abierta y sin prejuicios con las fuerzas navales norteamericanas (Servicio de Guardacostas) para crear un frente antinarco, la Sedena sigue resistiéndose y al parecer sólo aceptará renovar los acuerdos de adiestramiento militar, de materiales de guerra y de implementos contemplados en la Iniciativa Mérida como parte de los acuerdos con el almirante Mike Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas norteamericanas.
La última carta contra el crimen organizado.
Publicado el 2 MARZO 2009.
El sitio a Ciudad Juárez...CISEN no coopera...¿Y dónde está el terrorista?
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Comenzó el sitio militar a Ciudad Juárez y con el, una cadena de escenarios probables avizorados por el alto mando militar, no todos positivos.
Entre ellos destacan: el esperado efecto cucaracha de la delincuencia organizada y su expansión –en lo inmediato– a otros estados, como Nuevo León, Coahuila, Durango y Zacatecas, así como el recrudecimiento momentáneo de la violencia en esa plaza y la aparición de ejecutados y decapitados en otros puntos del país.
También se espera, según el balance del alto mando, que aumenten las quejas por violaciones a los derechos humanos.
Se trata de los “efectos no deseados” de los que habló con anticipación el general Guillermo Galván en su discurso del Día del Ejército, el pasado 19 de febrero.
Para ello la Sedena prepara, junto con el reforzamiento de la Operación Conjunta Chihuahua, varias medidas para que la actuación de los militares sea transparente, dentro de lo posible.
Entre las medidas figurará la de permitir la presencia de observadores y visitadores de derechos humanos que in situ revisarán determinadas operaciones, como el funcionamiento de puestos de control carreteros en los accesos y salidas de Juárez, para garantizar que los militares no actuarán de manera arbitraria atentando contra los habitantes de esa ciudad.
Sin embargo, el Ejército Mexicano enfrenta varios problemas que se han reflejado en el ámbito de su operatividad en Chihuahua desde marzo de 2008, cuando entró en marcha el operativo conjunto.
El más importante de ellos es la falta de cooperación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que se ha negado sistemáticamente o ha retardado la entrega de información sensible a los mandos de la XI Región Militar, encabezado por el general de brigada Marco Antonio González Barreda, y apoyado por los mandos de las cinco Zonas Militares que la componen.
Cerca de 30 generales adscritos a la XI Región Militar integran la cadena de mandos que hasta el momentos encabeza el general Felipe de Jesús Espitia Hernández (6459590), ex jefe de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico) y de Inteligencia Militar.
Espitia es el comandante de la 5ª Zona Militar con sede en Chihuahua, Chihuahua.
El plazo para desplegar en Ciudad Juárez y en otros puntos cercanos a la fuerza operativa del Ejército es de 10 días.
En ese lapso se triplicarán las bases de operación, los retenes, los cateos, las detenciones basadas en decenas de averiguaciones previas de la PGR y apoyadas por una treintena de agentes del Ministerio Público federal.
Uno de los puntos iniciales para romper el control básico de los cárteles de Juárez, de Sinaloa y de Michoacán en esa ciudad será la detención de narcomenudistas, la ubicación de centros de acopio y lavado de dinero, de bodegas de droga, de casas para guardar c armas de fuego.
La Sedena operará en esta primera etapa con información básica sobre los 60 puntos clave (brechas) de entrada de armas y cartuchos hacia Chihuahua, y lo hará en parte con información proporcionada por los Estados Unidos y con datos recabados y decantados en Monterrey por militares altamente especializados en el tema del narcotráfico que trabajaron durante casi diez años en lo que hoy es el Centro Nacional de Planeación e Inteligencia (CENAPI) de la PGR y que antes se denominó CENDRO (Centro Nacional de Combate a las Drogas).
Desde Monterrey se apoya con información detallada el operativo en Chihuahua, pero los esfuerzos de inteligencias y contrainteligencia del Ejército no han ido al fondo ni han fructificado como se esperaba debido a la falta de cooperación del CISEN, que se reserva datos para entregarlos únicamente e la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y en ocasiones a la PGR.
La queja de los militares en este sentido es constante y se ha agudizado en los últimos tres meses, tiempo en el que la ausencia de datos sobre puntos calientes” en Ciudad Juárez que debió proporcionar el CISEN hubiera sido vital para asestar golpes fuertes a las estructuras de los cárteles que ahí operan, señalaron a este espacio mandos de la Defensa Nacional.
Pese a que los cálculos del alto mando y de los brillantes estrategas de Los Pinos giran en torno a la efectividad del reforzamiento militar en Juárez para “ponerle punto final” a la delincuencia organizada en esa ciudad, lo cierto es que no hay nada más lejano a la realidad que la frase de presidente Calderón.
Los tres escenarios inmediatos planteados por la Sedena al respecto son:
1.- Incremento momentáneo de la violencia en Ciudad Juárez ante la presencia militar.
2.- Desplazamiento de sicarios a puntos aledaños de Chihuahua para reactivar la respuesta violenta y,
3.- Probables ataques de mayor envergadura tanto instalaciones militares como a funcionarios de alto nivel, como represalia a la acción emprendida en Ciudad Juárez.
La Sedena espera reducir de manera significativa las ejecuciones en la ciudad fronteriza, abatir la actividad de narcomenudeo, desmantelar momentáneamente el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos, y de manera especial coadyuvar en el combate al incontrolable fenómeno de la extorsión a pequeños, medianos y grandes empresarios en la entidad.
El detalle en torno a este esquema operativo es que no hay fecha o lapso esperado para establecer resultados con los que se mida el éxito o fracaso de lo ordenado por Calderón e instrumentado por el general Galván y su gente.
CENTINELA…
Uno.- Hace casi una semana las oficinas de la AFI y de la SSPF en el Toreo fueron escenario de una inusual movilización.
El reporte a los mandos más altos en ese lugar indicaba que un terrorista saudí, de nombre Salim, acaba de ser detenido en Polanco, en un restaurante ubicado en la calle de Presidente Mazaryk.
Se le ubicó acompañado de otra persona y ambos habrían ido a parar a los separos de la SIEDO en Reforma.
La Embajada de los Estados Unidos dio aviso a las autoridades antiterroristas de México sobre la presencia de este personaje en el país, quien pudo infiltrarse como turista a su llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La historia extraoficial de este caso indica que el presunto terrorista fue identificado por agentes norteamericanos quienes dieron aviso a la AFI y SSPF, pero no a la Sedena.
De esto hace una semana y hasta la fecha nada se sabe sobre el supuesto saudí que movilizó la noche del pasado jueves a los agentes de la AFI.
El sitio a Ciudad Juárez...CISEN no coopera...¿Y dónde está el terrorista?
JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Comenzó el sitio militar a Ciudad Juárez y con el, una cadena de escenarios probables avizorados por el alto mando militar, no todos positivos.
Entre ellos destacan: el esperado efecto cucaracha de la delincuencia organizada y su expansión –en lo inmediato– a otros estados, como Nuevo León, Coahuila, Durango y Zacatecas, así como el recrudecimiento momentáneo de la violencia en esa plaza y la aparición de ejecutados y decapitados en otros puntos del país.
También se espera, según el balance del alto mando, que aumenten las quejas por violaciones a los derechos humanos.
Se trata de los “efectos no deseados” de los que habló con anticipación el general Guillermo Galván en su discurso del Día del Ejército, el pasado 19 de febrero.
Para ello la Sedena prepara, junto con el reforzamiento de la Operación Conjunta Chihuahua, varias medidas para que la actuación de los militares sea transparente, dentro de lo posible.
Entre las medidas figurará la de permitir la presencia de observadores y visitadores de derechos humanos que in situ revisarán determinadas operaciones, como el funcionamiento de puestos de control carreteros en los accesos y salidas de Juárez, para garantizar que los militares no actuarán de manera arbitraria atentando contra los habitantes de esa ciudad.
Sin embargo, el Ejército Mexicano enfrenta varios problemas que se han reflejado en el ámbito de su operatividad en Chihuahua desde marzo de 2008, cuando entró en marcha el operativo conjunto.
El más importante de ellos es la falta de cooperación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que se ha negado sistemáticamente o ha retardado la entrega de información sensible a los mandos de la XI Región Militar, encabezado por el general de brigada Marco Antonio González Barreda, y apoyado por los mandos de las cinco Zonas Militares que la componen.
Cerca de 30 generales adscritos a la XI Región Militar integran la cadena de mandos que hasta el momentos encabeza el general Felipe de Jesús Espitia Hernández (6459590), ex jefe de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico) y de Inteligencia Militar.
Espitia es el comandante de la 5ª Zona Militar con sede en Chihuahua, Chihuahua.
El plazo para desplegar en Ciudad Juárez y en otros puntos cercanos a la fuerza operativa del Ejército es de 10 días.
En ese lapso se triplicarán las bases de operación, los retenes, los cateos, las detenciones basadas en decenas de averiguaciones previas de la PGR y apoyadas por una treintena de agentes del Ministerio Público federal.
Uno de los puntos iniciales para romper el control básico de los cárteles de Juárez, de Sinaloa y de Michoacán en esa ciudad será la detención de narcomenudistas, la ubicación de centros de acopio y lavado de dinero, de bodegas de droga, de casas para guardar c armas de fuego.
La Sedena operará en esta primera etapa con información básica sobre los 60 puntos clave (brechas) de entrada de armas y cartuchos hacia Chihuahua, y lo hará en parte con información proporcionada por los Estados Unidos y con datos recabados y decantados en Monterrey por militares altamente especializados en el tema del narcotráfico que trabajaron durante casi diez años en lo que hoy es el Centro Nacional de Planeación e Inteligencia (CENAPI) de la PGR y que antes se denominó CENDRO (Centro Nacional de Combate a las Drogas).
Desde Monterrey se apoya con información detallada el operativo en Chihuahua, pero los esfuerzos de inteligencias y contrainteligencia del Ejército no han ido al fondo ni han fructificado como se esperaba debido a la falta de cooperación del CISEN, que se reserva datos para entregarlos únicamente e la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y en ocasiones a la PGR.
La queja de los militares en este sentido es constante y se ha agudizado en los últimos tres meses, tiempo en el que la ausencia de datos sobre puntos calientes” en Ciudad Juárez que debió proporcionar el CISEN hubiera sido vital para asestar golpes fuertes a las estructuras de los cárteles que ahí operan, señalaron a este espacio mandos de la Defensa Nacional.
Pese a que los cálculos del alto mando y de los brillantes estrategas de Los Pinos giran en torno a la efectividad del reforzamiento militar en Juárez para “ponerle punto final” a la delincuencia organizada en esa ciudad, lo cierto es que no hay nada más lejano a la realidad que la frase de presidente Calderón.
Los tres escenarios inmediatos planteados por la Sedena al respecto son:
1.- Incremento momentáneo de la violencia en Ciudad Juárez ante la presencia militar.
2.- Desplazamiento de sicarios a puntos aledaños de Chihuahua para reactivar la respuesta violenta y,
3.- Probables ataques de mayor envergadura tanto instalaciones militares como a funcionarios de alto nivel, como represalia a la acción emprendida en Ciudad Juárez.
La Sedena espera reducir de manera significativa las ejecuciones en la ciudad fronteriza, abatir la actividad de narcomenudeo, desmantelar momentáneamente el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos, y de manera especial coadyuvar en el combate al incontrolable fenómeno de la extorsión a pequeños, medianos y grandes empresarios en la entidad.
El detalle en torno a este esquema operativo es que no hay fecha o lapso esperado para establecer resultados con los que se mida el éxito o fracaso de lo ordenado por Calderón e instrumentado por el general Galván y su gente.
CENTINELA…
Uno.- Hace casi una semana las oficinas de la AFI y de la SSPF en el Toreo fueron escenario de una inusual movilización.
El reporte a los mandos más altos en ese lugar indicaba que un terrorista saudí, de nombre Salim, acaba de ser detenido en Polanco, en un restaurante ubicado en la calle de Presidente Mazaryk.
Se le ubicó acompañado de otra persona y ambos habrían ido a parar a los separos de la SIEDO en Reforma.
La Embajada de los Estados Unidos dio aviso a las autoridades antiterroristas de México sobre la presencia de este personaje en el país, quien pudo infiltrarse como turista a su llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La historia extraoficial de este caso indica que el presunto terrorista fue identificado por agentes norteamericanos quienes dieron aviso a la AFI y SSPF, pero no a la Sedena.
De esto hace una semana y hasta la fecha nada se sabe sobre el supuesto saudí que movilizó la noche del pasado jueves a los agentes de la AFI.
¿En dónde está el terrorista?
La militarización, sin obstáculos... y lo que falta
Publicado el 20 FEB 2009.
Galván piden más facultades vs. el narco...Toques de queda, cateos...
JORGE ALEJANDRO MEDELLLÍN
El aniversario 96 de la creación del Ejército Mexicano transcurrió entre la presión mediática y propagandística de los cárteles de la droga, la torpeza discursiva (o la indiscreción) del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, así como los esfuerzos de presidente Calderón para recompensar el olvido histórico hacia las fuerzas armadas y la postura solidaria del general Guillermo Galván, asestándole a Carlos Slim un guantazo anticatastrofista, al cerrar su intervención aseverando que “el futuro próspero existe”.
A BUEN ENTENDEDOR…
Las palabras de Galván en su tercer discurso en el Día del Ejército no tienen desperdicio, sobre todo porque perfilan en el corto plazo importantes cambios jurídicos para apoyar la intervención del Ejército en acciones más decididas y delicadas ya sea para atacar a los cárteles de la droga o parta mantener la paz interior, evitando escenarios de presión que lleven a un “Estado fallido”.
Por eso Galván habló muy claro y adelantó la nota de ocho, al anunciar la urgencia de que los legisladores federales doten a la Sedena de más facultades legales para llevar el combate a las drogas a escenarios más crudos y, por ende, peligrosos, “no deseados por la sociedad, como él mismo lo dijo.
“Estimamos necesario el debate legislativo para analizar este soporte. Fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la suprema corte en la materia, es un desiderato urgente. Bienvenidas todas las iniciativas e impulsos que se realicen para consolidar esta legislación”.
¿Qué es lo que quiere el general que los legisladores y la presidencia fortalezcan? ¿Hacia dónde se dirige la Sedena en el combate al narco?
Todo lo dicho por Galván es rico en contenidos, especialmente porque no hay nada oculto, o casi nada.
CATEOS,TOQUES DE QUEDA…
La parte medular de su discurso fue precisamente esa; la que dejó en claro las limitaciones legales que, desde el punto de vista militar, constriñen la actuación del Ejército contra los cárteles de la droga en escenarios de choque más directo, una reedición quizá de la guerra sucia de los setentas y parte de los ochenta, pero con un enemigo real y bien armado.
Galván y sus asesores se cansaron de ser emboscados por sicarios que muy probablemente hayan surgido de las propias filas de la milicia.
El general no está dispuesto a que la tropa y sus mandos sigan siendo carne de cañón. Van por todo.
Para ello están reestructurando la dinámica de los mandos regionales, a fin de concentrar el comando operativo en Estados Mayores centralizados en los que las decisiones se unifiquen a partir de criterios y órdenes que pasen por uno o cuando mucho dos canales.
Un ejemplo claro e inmediato es la unificación de los mandos de zona en Veracruz, en donde el general Armando Tamayo Casillas (ex jefe del Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox), acaba de asumir el control de las tres zonas militares en esa VI Región, con sede en la Boticaria.
Desde hace una semana los mandos de la 19/a Zona Militar en Tuxpan (General de Brigada Pedro Felipe Gurrola Ramírez; de la 26/a Zona Militar, en El Lencero (General de Brigada Miguel Gustavo González Cruz, y de la 29/a Zona Militar con sede en Minatitlán (General de Brigada José Luis Medina García), quedaron bajo la coordinación y mando centralizado de Tamayo para operaciones contra los cárteles de la droga (léase Zetas) que operan en esa zona.
La Sedena planteó de manera abierta que diputados y senadores retomen las seis tesis de jurisprudencia emitidas en 1996 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las que se fundamento de maneta controversial la participación militar en el combate antidrogas, pasando por encima del precepto constitucional que ordena a la tropa permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz (Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El reclamo de la Sedena es revelador, porque plantea además que los escenarios percibidos por los mandos militares ubican como urgente una acción bélica con la que se estaría a tiempo para frenar una debacle causada por el crimen organizado.
De ahí la pregunta planteada al principio de este espacio: ¿habló el secretario de Economía sin conectar la lengua con el cerebro o acaso sabe, como muchos miembros del gabinete, que el Ejército está por librar importantes batallas contra el narco?
De ahí también el anticipo militar en el que se hace énfasis en la cuestión de los derechos humanos. El Ejército anunció en su día que ocurrirán cosas no deseadas por la ciudadanía.
Y en tercer lugar, la postura de la Defensa Nacional anuncia en definitiva que las directrices para enfrentar al narcotráfico en todas sus formas, son y serán dictadas por las fuerzas armadas.
CENTINELA…
Galván piden más facultades vs. el narco...Toques de queda, cateos...
JORGE ALEJANDRO MEDELLLÍN
El aniversario 96 de la creación del Ejército Mexicano transcurrió entre la presión mediática y propagandística de los cárteles de la droga, la torpeza discursiva (o la indiscreción) del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, así como los esfuerzos de presidente Calderón para recompensar el olvido histórico hacia las fuerzas armadas y la postura solidaria del general Guillermo Galván, asestándole a Carlos Slim un guantazo anticatastrofista, al cerrar su intervención aseverando que “el futuro próspero existe”.
A BUEN ENTENDEDOR…
Las palabras de Galván en su tercer discurso en el Día del Ejército no tienen desperdicio, sobre todo porque perfilan en el corto plazo importantes cambios jurídicos para apoyar la intervención del Ejército en acciones más decididas y delicadas ya sea para atacar a los cárteles de la droga o parta mantener la paz interior, evitando escenarios de presión que lleven a un “Estado fallido”.
Por eso Galván habló muy claro y adelantó la nota de ocho, al anunciar la urgencia de que los legisladores federales doten a la Sedena de más facultades legales para llevar el combate a las drogas a escenarios más crudos y, por ende, peligrosos, “no deseados por la sociedad, como él mismo lo dijo.
“Estimamos necesario el debate legislativo para analizar este soporte. Fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la suprema corte en la materia, es un desiderato urgente. Bienvenidas todas las iniciativas e impulsos que se realicen para consolidar esta legislación”.
¿Qué es lo que quiere el general que los legisladores y la presidencia fortalezcan? ¿Hacia dónde se dirige la Sedena en el combate al narco?
Todo lo dicho por Galván es rico en contenidos, especialmente porque no hay nada oculto, o casi nada.
CATEOS,TOQUES DE QUEDA…
La parte medular de su discurso fue precisamente esa; la que dejó en claro las limitaciones legales que, desde el punto de vista militar, constriñen la actuación del Ejército contra los cárteles de la droga en escenarios de choque más directo, una reedición quizá de la guerra sucia de los setentas y parte de los ochenta, pero con un enemigo real y bien armado.
Galván y sus asesores se cansaron de ser emboscados por sicarios que muy probablemente hayan surgido de las propias filas de la milicia.
El general no está dispuesto a que la tropa y sus mandos sigan siendo carne de cañón. Van por todo.
Para ello están reestructurando la dinámica de los mandos regionales, a fin de concentrar el comando operativo en Estados Mayores centralizados en los que las decisiones se unifiquen a partir de criterios y órdenes que pasen por uno o cuando mucho dos canales.
Un ejemplo claro e inmediato es la unificación de los mandos de zona en Veracruz, en donde el general Armando Tamayo Casillas (ex jefe del Estado Mayor Presidencial de Vicente Fox), acaba de asumir el control de las tres zonas militares en esa VI Región, con sede en la Boticaria.
Desde hace una semana los mandos de la 19/a Zona Militar en Tuxpan (General de Brigada Pedro Felipe Gurrola Ramírez; de la 26/a Zona Militar, en El Lencero (General de Brigada Miguel Gustavo González Cruz, y de la 29/a Zona Militar con sede en Minatitlán (General de Brigada José Luis Medina García), quedaron bajo la coordinación y mando centralizado de Tamayo para operaciones contra los cárteles de la droga (léase Zetas) que operan en esa zona.
La Sedena planteó de manera abierta que diputados y senadores retomen las seis tesis de jurisprudencia emitidas en 1996 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las que se fundamento de maneta controversial la participación militar en el combate antidrogas, pasando por encima del precepto constitucional que ordena a la tropa permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz (Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El reclamo de la Sedena es revelador, porque plantea además que los escenarios percibidos por los mandos militares ubican como urgente una acción bélica con la que se estaría a tiempo para frenar una debacle causada por el crimen organizado.
De ahí la pregunta planteada al principio de este espacio: ¿habló el secretario de Economía sin conectar la lengua con el cerebro o acaso sabe, como muchos miembros del gabinete, que el Ejército está por librar importantes batallas contra el narco?
De ahí también el anticipo militar en el que se hace énfasis en la cuestión de los derechos humanos. El Ejército anunció en su día que ocurrirán cosas no deseadas por la ciudadanía.
Y en tercer lugar, la postura de la Defensa Nacional anuncia en definitiva que las directrices para enfrentar al narcotráfico en todas sus formas, son y serán dictadas por las fuerzas armadas.
CENTINELA…
Uno.- En ese tenor andan los nervios del Ejército; a la defensiva, intransigente, cerrado a la transparencia, evasivo y distante de la prensa. Una muestra de ello fue la actitud de dos oficiales de Comunicación de la Sedena el 9 de febrero, durante la ceremonia de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. Los reporteros convocados al evento fueron acomodados junto a un grupo 35 oficiales de Fuerzas Especiales. Con dos de ellos comenzó una plática sencilla, informal, sobre el significado de las condecoraciones y escudos.
Fue suficiente para que el Mayor Joel Cornejo Oliver y el Teniente Mendieta hicieran bajar de la tribuna metálica, de mal modo, a los tenientes para reprocharles el platicar con la prensa. Ambos regresaron contrariados, tras el regaño o la amenaza, y no volvieron a hablar con los reporteros.
Dos.- En los próximos días el ex fiscal de Delitos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, presentará en la Universidad de Harvard su libro, su versión sbre el fracaso de la instancia encabezó.
Entre otros temas, el jurista asegura que en realidad la Sedena nunca le permitió acceder a los documentos del 2 de octubre de 1968, y que todos fue simulación y dilación para bloquear su trabajo.
Tres.- El Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP) consideró que los organismos de inteligencia del país, como el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), minimizaron o no fueron capaces de prever las movilizaciones de los "tapados" en Monterrey, previo a la celebración del Día del Ejército que encabezó el presidente Felipe Calderón en esa ciudad.
El CESP, que dirige Adolfo Miranda Castillo, señala en su análisis sobre las protestas callejeras de los "tapados" que "si se toma en cuenta que ya existían antecedentes de expresiones públicas de repudio a las acciones del ejército en zonas de influencia de la delincuencia organizada tanto en Sinaloa como recientemente en Nuevo León, es claro que el servicio de inteligencia mexicano, el CISEN, no procesó adecuadamente los datos de los riesgos o que los minimizó".
Agrega que "la impresión que prevalece es que tras las declaraciones del secretario de seguridad Genaro García Luna en respuesta los hechos de Monterrey, la reacción del crimen organizado fue escalar la dimensión de la operación a todo el noreste del país".
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