Eterna agenda pendiente.

27 MARZO 2009.

¿Y las reformas en Justicia Militar?

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN

He aquí una interesantísima contribución del personal militar en un intento por comenzar a gestar algún cambio real en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted opine, ¿qué tanto se ha avanzado?, ¿En dónde estamos en este rubro?

"La Secretaría de la Defensa Nacional requiere una reforma integral a todo el aparato de justicia militar, para el sexenio de Felipe Calderón.

El Ejército Mexicano busca aumentar de 5 a 7 el número de magistrados del Supremo Tribunal Militar y quiere que estos juzgadores sean designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por el Secretario de la Defensa.

Para ocupar cargos en la Procuraduría Militar, juzgados y tribunales castrenses, se busca que los aspirantes no sólo cumplan con el requisito de "gozar de notoria moralidad" -como lo exige la actual ley-, sino que tampoco tengan antecedentes penales.

Una nueva legislación en ese sentido, evitará casos como el del General Brigadier José Félix Name Rodríguez, quien en 1997 fue llevado a prisión por dejar salir de la PGR al presunto capo Humberto García Abrego, y años después fue Magistrado del Supremo Tribunal Militar.

La reforma a la que aspira la Defensa fue planteada en un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, y presentado a la Cámara de Diputados, a fines de la legislatura pasada.

Otra de las propuestas consiste en prohibir por ley a los abogados militares participar en litigios federales, al menos donde los acusados forman parte de la milicia, ya que en el proyecto se establece que los defensores castrenses "no podrán ejercer su profesión en asuntos donde la Federación sea parte.

Muchos militares encarcelados por la PGR en penales civiles, han tenido abogados que son también del Ejército, debido a que actualmente la legislación no lo impide.

Un ejemplo son los soldados que fueron acusados de la evasión de José Díaz Pérez, ex subdelegado de la PGR en Chihuahua, fugado de una casa de arraigo en febrero de 2001.

Ellos tuvieron al mismo abogado que defendió al General Francisco Quirós Hermosillo, ya finado.

La reforma también contempla que el desistimiento de una acusación penal castrense ya no requiera de la autorización del Secretario de la Defensa, sino que ahora sea un procedimiento que resuelva directamente la Procuraduría Militar.

Sobre los Consejos de Guerra, la modalidad de juicios orales en el Ejército, se pretende que los 5 juzgadores tengan grados militares más altos que los hoy estipulados.

Por ejemplo, en el código actual, el presidente del Consejo de Guerra puede ser General o Coronel, mientras que la reforma exige que ya sólo sea General.

Los 4 vocales que integran hoy en día un Consejo de Guerra pueden tener el grado mínimo de Mayores, pero en la iniciativa en manos del Congreso ya se establece como requisito que cuando menos tengan el rango de Tenientes Coroneles.

El marco jurídico que pretende legar el General Vega García aumentaría el volumen del Código de Justicia Militar de 923 artículos y 4 transitorios, a 972 artículos y 3 transitorios.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, será la primera modificación general al código que se realiza desde el 29 de agosto de 1933, año en que el presidente Abelardo L. Rodríguez y el secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos, promulgaron las disposiciones vigentes.

MODIFICACIONES SUSTANCIALES
- Aumentar de 5 a 7 el número de magistrados del Supremo Tribunal Militar.
- Facultar al Presidente de la República para designar a los magistrados militares, conforme a una terna propuesta por el Secretario de la Defensa.
- Impedir que militares con antecedentes penales por delitos dolosos sean presidentes o magistrados del Tribunal Militar.
- Aumentar de uno a 3 los oficiales mayores del Supremo Tribunal Militar.
- Prohibir que abogados militares litiguen casos donde sea parte la Federación.
- "Dar a la Sedena la atribución de juzgar un delito en un lugar distinto al que se cometió.
- Aumentar de uno a tres el número de secretarios de los juzgados militares.
- Agregar la plaza de actuario en cada uno de los juzgados militares.
- Establecer el delito de traición al Ejército para enjuiciar a los desertores que son parte del crimen organizado.

La Secretaría de la Defensa Nacional planteó al Congreso de la Unión una iniciativa con la que pretende juzgar en cortes marciales los casos de desertores o elementos en activo del Ejército vinculados al narcotráfico.

Lo que se busca es crear el delito de "traición al Ejército", bajo el que se podrían condenar hasta por 60 años a militares o desertores acusado de colaborar con bandas criminales.

Esta pena supera la máxima que un tribunal civil les podría otorgar.

Otra novedad es que, de instituirse, este delito tendrá la pena mínima más dura en la legislación mexicana, ya que contempla al menos 30 años de prisión.

Los Zetas, que son ex integrantes del Ejército Mexicano, y brazo armado del Cártel del Golfo, serían el principal blanco de esta legislación, si se aprueba.

Fuentes policiacas han afirmado anteriormente que este grupo tuvo su origen en 1999 y que fue iniciado con desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales.

La propuesta de reforma de la Sedena se dictaminó en la Comisión de Defensa de la Cámara baja de la anterior legislatura, y se esperaba que subiera al Pleno cuando se integraran las comisiones de la actual Cámara, lo que ocurrió el viernes.

De acuerdo a los cambios propuestos para el Código de Justicia Militar, los que se unan o colaboren con un grupo u organización dedicado a actividades ilícitas, en cuyo combate participe el Ejército serían castigados con la baja y la pena de prisión referida.

En sus 11 modalidades, el delito de traición militar está dedicado a los que se pasen al bando contrario, usen la infraestructura en favor de organizaciones delictivas, recluten a soldados para esos grupos o les filtren información, liberen delincuentes o desinformen a los mandos oficiales.

Hasta hoy, si es detenido un desertor del Ejército que pasó a formar parte de las filas del narcotráfico, la averiguación para encarcelarlo y sus juicios los llevan a cabo instituciones civiles, como la PGR y el Poder Judicial Federal.

Un ejemplo reciente es el del presunto sicario de los zetas, Mateo Díaz López, alias "El Comandante Mateo", quien en los años 90 formó parte del 15 Regimiento de Caballería Motorizado, en Reynosa, y que fue detenido en Tabasco el 16 de julio de 2006.

Con la reforma, "El Comandante Mateo" hubiera sido trasladado a instalaciones castrenses, puesto a disposición de la Procuraduría Militar, consignado a un juez militar por los tres delitos que se le detuvo, pero además por traición al Ejército.

Además, el acusado habría sido internado en una prisión militar y condenado hasta por 60 años de prisión…